Los gobiernos de 16 entidades de México han destinado 14.7 millones de pesos para apoyar a más de 4,400 beneficiarios que, según registros oficiales, ya fallecieron, pero aún reciben apoyo económico, atención nutricional, almuerzos escolares y servicios de salud. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó estos pagos en el marco de la revisión a la Cuenta Pública 2024, la cual revela que los recursos provienen del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), destinado a apoyar a niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Sin embargo, las administraciones estatales no siempre actualizan sus listas de beneficiarios ni reportan los gastos, lo que genera dudas sobre el destino final de los fondos. La auditoría identificó la situación en varios estados, incluyendo Veracruz, Yucatán, Jalisco y la Ciudad de México, donde se encontró que apoyos por montos que superan los 4 millones de pesos, 3.4 millones, 1.8 millones y más de un millón de pesos, respectivamente, se entregaron a beneficiarios ya fallecidos. En algunos casos, como el de Veracruz, se verificó que casi 1,500 beneficiarios identificados como fallecidos estaban recibiendo apoyos en programas como Alimentación Escolar y Atención a Grupos Prioritarios, con un ejercicio del 2024 que totalizó cerca de 3.5 millones de pesos. La situación genera preocupación sobre posibles perjuicios a la hacienda pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y actualización de beneficiarios en los programas sociales en México. Asimismo, la auditoría prevé que estos errores podrían constituir un daño a los recursos públicos, con casos específicos en la Ciudad de México donde se presume un perjuicio superior al millón de pesos por entregas realizadas a beneficiarios identificados como fallecidos.
