La Unión de Gremios hace un llamado a la serenidad, responsabilidad y respeto al Estado de derecho frente a la crisis política y social que atraviesa el país. En un comunicado reciente, la organización enfatiza que México necesita gobernabilidad, estabilidad y consensos para reactivar su economía, atraer inversión y reducir la pobreza.
La agrupación expresa su preocupación por los disturbios ocurridos durante la marcha del 15 de octubre, en la que se reportó una víctima mortal, Eduardo Ruiz, y más de cien heridos, entre ellos 88 elementos de la Policía Nacional. La organización exige que estos hechos sean investigados a fondo, con imparcialidad y transparencia, y que se sancione a quienes resulten responsables de la violencia y de los daños causados a civiles y fuerzas del orden.
Asimismo, la Unión de Gremios reafirma el apoyo a la labor policial en la protección de vidas, la propiedad privada y el derecho al libre tránsito durante las movilizaciones. Destacan la importancia del derecho constitucional a la protesta pacífica, y rechazan enérgicamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo vidas humanas o dañe bienes públicos y privados, ya que solo generan retrocesos en la búsqueda de soluciones nacionales.
El organismo empresarial concluye subrayando que el diálogo, la legalidad y la responsabilidad compartida son clave para superar la crisis. Invitan a los distintos sectores a colaborar en la reconstrucción institucional y a dejar de lado intereses políticos en favor del bienestar del país y la paz social. “Reiteramos nuestro compromiso con la gobernabilidad, la institucionalidad y la democracia, y hacemos un llamado al Poder Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial y Ministerio Público a trabajar coordinadamente en beneficio del país”, señala el comunicado.
Por otro lado, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que las investigaciones sobre el asesinato de Eduardo Ruiz continúan. Aunque inicialmente se atribuyó el disparo a un oficial de la Policía, se busca esclarecer si existe responsabilidad directa, ante las declaraciones contradictorias de Óscar Arriola, jefe de la Policía Nacional del Perú, quien afirmó que el suboficial Luis Magallanes fue el autor del homicidio. Tiburcio resaltó que las investigaciones deben delimitar responsabilidades y garantizar justicia, respetando los derechos del uniformado, y reafirmó que la institución policial no respalda acciones fuera del marco legal, aunque sí brinda apoyo a sus integrantes en el cumplimiento de su labor.
