Colectivos ciudadanos, Amnistía Internacional y autoridades de Guanajuato firmaron un acuerdo para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y superar obstáculos en su localización e identificación, que involucra a las 5,123 personas reportadas como desaparecidas en la entidad.
“Guanajuato tiene una deuda enorme con las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos. Los compromisos que hoy logramos solo tendrán sentido si se traducen en acciones inmediatas, sostenibles y con resultados concretos”, declaró Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México.
“Las víctimas y sus familias no deben seguir enfrentando la indiferencia institucional ni la revictimización. Amnistía Internacional vigilará que estas promesas se conviertan en políticas públicas efectivas que aseguren verdad, justicia y reparación”, añadió.
En León, Amnistía Internacional y el colectivo #HastaEncontrarte sostuvieron una reunión con el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, quien se comprometió a implementar en septiembre un Programa Transversal de Atención a Víctimas de Desaparición, que busca asignar responsabilidades en todas las instituciones estatales para garantizar acceso a servicios de salud, asesoría jurídica y protección.
Por otra parte, en Guanajuato capital, la delegación de Amnistía Internacional y activistas se reunieron con la fiscal especializada en Derechos Humanos, Zucé Anastacia Hernández Martínez, quien informó que a finales de septiembre llevará a cabo una toma masiva de muestras de ADN para avanzar en la identificación de desaparecidos.
Hernández Martínez también indicó que la fiscalía publica semanalmente informes de hallazgos de restos humanos, detallando las personas identificadas y perfiles genéticos no identificados.
A solicitud de #HastaEncontrarte, la fiscal se comprometió a organizar mesas de trabajo para facilitar la toma de perfiles genéticos incluso sin denuncia previa de desaparición.
“Amnistía Internacional reconoce la importancia de los avances, pero subraya que los derechos de las víctimas no pueden depender de la voluntad política”, expresó Edith Olivares Ferreto.
Olivares agregó que tanto el gobierno como la Fiscalía deben garantizar la institucionalización de estos programas y acciones, asegurando la búsqueda, identificación de desaparecidos, protección de las mujeres buscadoras, acceso a la salud y medidas contra su empobrecimiento.
El activista, con más de treinta años de experiencia buscando historias incómodas, destaca su interés por la política, el análisis del desempeño gubernamental, la data y las biografías, además de ser salsero, cruzazulino y miembro de la familia que captura momentos en fotografía.
