La Presidencia de Guatemala publicó este lunes un conjunto de lineamientos destinados a regular y optimizar el gasto público durante el ejercicio fiscal 2026, según el oficio 001-2026 divulgado en el Diario de Centro América. Entre las medidas principales, se prohíbe a las instituciones públicas adquirir seguros médicos o servicios de medicina prepago para empleados y funcionarios, salvo en casos contemplados en pactos colectivos. Además, los gastos relacionados con viáticos, transporte y festejos solo serán autorizados si resultan imprescindibles y están correctamente justificados.
El documento hace énfasis en garantizar el pago oportuno de sueldos, salarios y honorarios a los servicios técnicos y profesionales contratados por el Estado. Asimismo, la aprobación de cuotas financieras provenientes de ingresos tributarios, como el IVA-Paz, recursos constitucionales y otros fondos, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria basada en la recaudación tributaria. Lo mismo aplica para la emisión de bonos del tesoro.
Las entidades públicas deberán planificar y administrar eficientemente sus recursos, incluyendo saldos de caja, con el objetivo de ampliar la cobertura de bienes y servicios públicos. La adquisición de vehículos será limitada a casos de prioridad presupuestaria, restringiendo la compra a ambulancias, patrullas y vehículos de emergencia. Cualquier modificación al presupuesto de egresos que impacte la financiación de programas sustantivos será rechazada.
El plan de gestión financiera se basa en principios de racionalidad, eficiencia y transparencia, alineados con la Política General de Gobierno. La circular del presidente Arévalo instruye a las entidades con recursos propios a registrar de inmediato en el sistema de contabilidad los fondos disponibles, para facilitar la aprobación de cuotas financieras.
Asimismo, empresas públicas, entidades descentralizadas y autónomas que reciben recursos de la administración central deberán priorizar la gestión del gasto dentro del presupuesto aprobado, promoviendo criterios de transparencia y eficiencia, y garantizando un uso responsable de los recursos estatales y la sostenibilidad financiera.
La Contraloría General de Cuentas será responsable de fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones, mientras que el Ministerio de Finanzas Públicas supervisará las modificaciones presupuestarias conforme a la ley y las directrices del oficio circular.
Por otra parte, el Congreso de Guatemala aprobó el 28 de enero en sesión extraordinaria el Decreto 3-2026, que amplía el Presupuesto General del Estado en Q9,326.7 millones, alcanzando un total de Q164,163.32 millones para 2026. La redistribución de fondos prioriza cinco sectores principales: el Ministerio de Gobernación, obligaciones a cargo del Tesoro, Ministerio de Salud, Desarrollo Social y el servicio de la deuda pública, con un monto conjunto de Q6,718 millones. El resto de la ampliación se destina a proyectos y partidas menores para atender diversas necesidades estatales, con el fin de garantizar una gestión más eficiente del gasto público en el país.
