En un acto público realizado en la Casa de Nariño el 17 de octubre de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió perdón por las acciones del Estado contra comunidades afectadas y destacó la necesidad de mayor presencia gubernamental en las regiones para evitar nuevos hechos que pongan en riesgo la vida de los colombianos. Durante la ceremonia, Petro presentó un decreto para la desclasificación y levantamiento de reserva de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El mandatario explicó que, aunque la desclasificación será efectiva de inmediato, el proceso requerirá tiempo para anonimizar los datos de posibles víctimas, aclarando que los nombres de los responsables no serán borrados. Petro subrayó que "la desclasificación comienza ahora, no en junio". Este anuncio responde a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 18 de marzo de 2024, que condenó a Colombia por el perfilamiento y persecución sistemática contra integrantes de la organización defensora de derechos humanos, CAJAR. La corte impuso 16 medidas de reparación, entre ellas la depuración de archivos de inteligencia para garantizar el acceso a la información de las víctimas. Rafael Barrios Mendivil, defensor y cofundador de CAJAR, advirtió que la mayoría de estas órdenes aún no se han cumplido y resaltó la importancia de que la ley de inteligencia se ajuste a estándares internacionales que aseguren control judicial sobre las técnicas de vigilancia y el almacenamiento de datos. La organización llegó a la Comisión Interamericana tras décadas de hostigamiento y vigilancia por parte del DAS, que fue disuelto en 2011 tras escándalos de interceptaciones ilegales, incluyendo seguimientos a magistrados y opositores durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. A pesar de su desaparición, aún persiste el debate sobre la apertura de los archivos clasificados del organismo.
