El presidente Gustavo Petro informó que su gobierno implementará un recorte fiscal adicional de 16 billones de pesos, después de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto de emergencia económica que permitía al Ejecutivo responder a la crisis financiera. Este ajuste se suma a dos recortes previos, elevando a 44 billones de pesos la reducción total del presupuesto nacional en un contexto de restricciones de financiamiento, aumento del costo de la deuda y decisiones judiciales que, según Petro, han agravado el déficit fiscal.
El anuncio fue realizado a través de un mensaje en su cuenta de X, donde Petro defendió las políticas de ajuste del Gobierno y explicó que, ante la imposibilidad de crear nuevas fuentes de ingreso mediante vías legislativas o mecanismos excepcionales, la vía más viable es la reducción del gasto público. "Recortamos 12 billones en una ocasión, luego otros 16, y ahora viene otro por 16", afirmó el mandatario, quien aclaró que se trata de un plan de ajuste fiscal planeado y no de medidas improvisadas.
El mandatario detalló que estos recortes suman una reducción de 44 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación, recursos que, en otro contexto, podrían haber sido destinados al beneficio social. Sin embargo, indicó que las actuales condiciones fiscales obligan al Ejecutivo a mantener esta estrategia.
Gustavo Petro admitió que estos esfuerzos no han sido suficientes para detener el crecimiento del déficit fiscal, el cual atribuyó a factores estructurales como el alto costo del endeudamiento, las altas tasas de interés internas y decisiones gubernamentales anteriores. Además, hizo una autocrítica al señalar que cometió errores en la gestión económica, específicamente en la elección de su exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, señalado por afectar la estabilidad fiscal del país con medidas como el adelanto de impuestos en 2023, que impactaron en el presupuesto 2024.
El presidente también cuestionó la decisión de la Corte Constitucional de frenar el decreto de emergencia económica, señalando que dicha herramienta era necesaria para afrontar la crisis, especialmente tras la caída de dos leyes de financiación en el Congreso. Criticó además decisiones judiciales como la deducibilidad de regalías a empresas de carbón y petróleo, que calificó como subsidios a las grandes fortunas del sector energético, con un impacto fiscal cercano a los 5 billones de pesos anuales.
Petro resaltó que la falta de respaldo del Congreso para iniciativas de financiación limita las opciones del Ejecutivo para gestionar el déficit, defendiendo la declaratoria de emergencia económica como una respuesta «sensata» ante estos obstáculos.
En comparación con otros gastos estatales, el mandatario mencionó que subsidios como el de gasolina, estimado en 70 billones de pesos, así como pagos por endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y opciones energéticas, que suman otros 22 billones, representan gastos de mayor tamaño para las finanzas públicas.
Finalmente, advirtió que el aumento en las tasas de interés internas podría seguir elevando la deuda y generando vulnerabilidades económicas, afectando potencialmente la inversión, el empleo y el sistema financiero del país. Sin embargo, destacó que, hasta ahora, los ingresos laborales y los salarios reales superan a la inflación, asegurando cierta estabilidad en ese aspecto.
