La Procuraduría General de la Nación solicitó la nulidad absoluta del contrato firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, valorado en 1.3 billones de pesos, que busca imprimir los pasaportes colombianos. La demanda, presentada el martes 14 de octubre ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, busca frenar la implementación del modelo donde la fabricación de las libretas pasaporte pasaría a manos exclusivas del Estado colombiano.
Frente a esta acción, el presidente Gustavo Petro expresó en su cuenta de X que la nación debe tener la capacidad de decidir sobre la producción y gestión de sus documentos oficiales. Petro afirmó que no quiere que información sensible de los colombianos quede en manos de empresas privadas, y que el Estado debe garantizar la seguridad y el control de estos procesos.
El mandatario también confirmó que el nuevo pasaporte colombiano cumplirá con altos estándares internacionales y anticipó que será el cuarto en calidad a nivel mundial. “Ya vi el desarrollo del pasaporte, será de los mejores del mundo”, señaló.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano, integrante de la Comisión Primera del Senado, advirtió que las decisiones administrativas no garantizan automáticamente la solidez legal o técnica de los procesos. Además, subrayó que en el plazo establecido no será posible fabricar pasaportes en la Imprenta Nacional.
Mientras tanto, la Procuraduría solicitó que la compañía extranjera contratada reintegre los pagos realizados, argumentando que el convenio viola principios fundamentales de la contratación pública y busca invalidar el contrato formalizado el 28 de julio, que define los términos de producción y emisión de pasaportes y visas en Colombia.
El debate continúa en medio de esta controversia que pone en juego la seguridad y autonomía del país en la producción de documentos oficiales.
