El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó su preocupación por la reciente rebaja en el precio del combustible en el país, durante una intervención en Washington donde participaba en un encuentro con la diáspora colombiana en la Biblioteca Pública Martin Luther King. Aunque el gobierno anunció una disminución del precio del galón de gasolina desde el 1 de febrero, Petro admitió no sentirse completamente cómodo con el ajuste, debido a su experiencia personal y su postura frente al uso de vehículos particulares.
El mandatario explicó que, pese a su rechazo personal a la reducción, el Gobierno tomó esa decisión enmarcada en esfuerzos por mantener el orden fiscal y corregir distorsiones del sistema de precios de combustibles, según señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. La medida generó una rebaja promedio de 500 pesos en el precio del galón, que quedó en 15,557 pesos en las principales ciudades del país, con variaciones regionales. Por ejemplo, en Pasto, de 14,247 a 13,747 pesos, y en Cúcuta, en 13,900 pesos, mientras que en Bogotá, el precio se mantuvo en 15,991 pesos, siendo la ciudad con el costo más alto.
El ministro Palma afirmó que la decisión fue principalmente de carácter técnico, motivada por aspectos fiscales y la necesidad de ajustar el esquema de precios ante las distorsiones acumuladas en años. En Medellín, el precio también bajó de 16,412 a 15,912 pesos por galón.
Durante su participación, Petro no anunció futuras modificaciones en los precios ni cambios inmediatos en la política de subsidios o en el esquema de precios, centrando su discurso en su percepción personal sobre el impacto del combustible en la economía y los debates en torno al tema. La declaración ocurrió en un momento en que esos valores ya comenzaban a reflejarse en las estaciones de servicio del país.
Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por debates sobre el déficit fiscal, la sostenibilidad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y la política de subsidios. Aunque la resolución que ordenó la rebaja continúa vigente y aplicada de manera uniforme en todo el territorio, las autoridades no han anunciado revisiones adicionales posteriores a su entrada en vigor. El gobierno mantiene su atención en la relación entre precios, finanzas públicas y sostenibilidad económica del sector energético en Colombia.
