El presidente Gustavo Petro pidió a la Corte Constitucional que revoque la suspensión del decreto que declara la emergencia económica en Colombia, al considerar urgente la atención a los impactos del frente frío que actualmente afecta al país. La solicitud se realizó durante una reunión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la que participaron la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), miembros del gabinete ministerial, fuerzas de seguridad y organismos de ayuda humanitaria.
Las intensas lluvias generadas por el fenómeno atmosférico han provocado inundaciones severas, causando la muerte de más de diez personas, varias desaparecidas y afectando a miles de familias. La Ungrd coordina acciones como la distribución de kits de emergencia, la construcción de alojamientos provisionales y la movilización de equipos técnicos especializados.
El mandatario afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que la crisis climática, anunciada previamente por el Gobierno, se ha convertido en una emergencia previsible y que la decisión de la Corte de suspender el decreto no toma en cuenta la severidad de los daños. Petro resaltó que gran parte de las afectaciones ocurrió en Córdoba, su departamento natal, y en Sucre, poniendo en evidencia la gravedad del fenómeno.
Durante la intervención, el presidente sostuvo que el evento climático sin precedentes, una corriente fría de origen ártico, ha causado lluvias sin antecedentes históricos, saturando los embalses, los cuales, según su percepción, han sido manejados con fines especulativos. Petro criticó que la priorización de las termoeléctricas de gas ha limitado el funcionamiento de las hidroeléctricas, incrementando los costos energéticos y contribuyendo a la sobrecarga de las presas.
En relación con las acciones de mitigación, anunció la intervención del Ejército Nacional para abrir diques que están impidiendo el flujo de agua y la restitución de tierras en áreas protegidas y zonas inundables. Además, alertó sobre posibles riesgos de desbordamiento en la Central Hidroeléctrica Urrá, en Montería, y recordó que el propio líder indígena Kimy Pernía Domicó, asesinado por paramilitares, había advertido sobre estos peligros.
Por su parte, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, aseguró que la central Urrá se encuentra bajo control y que no existen riesgos inminentes, calificando como 'desinformación' ciertos rumores sobre un posible desbordamiento en época electoral. También resaltó que la central garantiza la seguridad de la ciudadanía, aunque reconoció que ningún control es absoluto.
Petro anticipó la llegada de un segundo frente frío y convocó a la declaratoria de una nueva emergencia económica, ambiental y social en la región, considerando extender esta medida a nivel nacional. Además, ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos revisar el manejo de los embalses y sancionar tarifas excesivas, en un contexto de aumento en los costos energéticos. Finalmente, solicitó a la Corte Constitucional que revoque la suspensión del decreto de emergencia para facilitar la atención integral a los daños causados por la crisis climática.
