Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reunieron este jueves con diputados federales en el Palacio Legislativo de San Lázaro para analizar la Ley de Ingresos del Paquete Económico 2026. Participaron en el encuentro la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez; la procuradora fiscal de la Federación, Gisel Galeano García; y el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Bonilla destacó que México mantiene finanzas públicas responsables, con deuda controlada e inflación en descenso, lo que ha permitido sortear riesgos internacionales. Indicó que la economía mostró resiliencia con un crecimiento del PIB de 0.3 por ciento en el primer trimestre y 0.6 por ciento en el segundo, además de un aumento en el empleo formal y en los salarios reales.
Asimismo, resaltó programas sociales como la pensión para mujeres de 60 a 64 años, implementada en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que han fortalecido el consumo interno y cerrado brechas de género. Además, se informó que la inversión extranjera directa alcanzó un récord de 34 mil millones de dólares en el primer semestre, consolidando a México como un destino atractivo en las cadenas globales de valor.
“Para 2026, estimamos un crecimiento económico entre 1.8 y 2.8 por ciento, impulsado por el consumo, la inversión privada y las exportaciones,” afirmó Bonilla, quien también presentó proyectos estratégicos del Plan México, como infraestructura ferroviaria, portuaria e industrial en sectores como semiconductores, electromovilidad y farmacéutica.
Por su parte, la procuradora fiscal Gisel Galeano enfatizó que la Ley de Ingresos 2026 mantiene el compromiso de no crear ni aumentar impuestos, aunque endurece las acciones contra la evasión fiscal. “La justicia fiscal implica que pague más quien más tiene y que nadie se esconda tras lagunas legales”, expresó.
Galeano subrayó la reforma al Código Fiscal de la Federación, que busca frenar el uso de factureras mediante suspensión de facturación apócrifa, negativa de registros a empresas vinculadas a redes fraudulentas y obligatoriedad de reparar daños al erario. Recordó que entre 2022 y 2025, la Procuraduría presentó 59 denuncias por más de 54 mil millones de pesos.
Asimismo, defendió la actualización de cuotas en la Ley Federal de Derechos y el incremento del IEPS a bebidas azucaradas y tabaco, señalando que estas medidas responden a fines de salud pública para salvar vidas, y no a la recaudación.
El diputado Carol Antonio Altamirano resaltó que uno de los objetivos clave es alcanzar ingresos públicos por 8.7 billones de pesos en 2026, en un esfuerzo centrado en la proporcionalidad y la justicia fiscal. Llamó a los parlamentarios a priorizar el análisis técnico sobre las descalificaciones partidarias y a reconocer propuestas que fortalezcan la equidad y las finanzas públicas.
Se precisó que el calendario legislativo establece el 20 de octubre como fecha límite para dictaminar y remitir la minuta al Senado.
