El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo un encuentro con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para fortalecer la colaboración en materia de seguridad en todo el país. Como parte del acuerdo, se instalarán mesas de trabajo en los 32 estados para prevenir delitos que afectan al sector empresarial.
Durante la reunión, Juan José Sierra, presidente de la confederación, subrayó la urgencia de atender los riesgos que enfrentan las empresas mexicanas, en un contexto de crecimiento en los delitos como la extorsión y el robo a negocios.
El propio Coparmex resaltó en sus redes sociales su agradecimiento por la apertura del gobierno para atender sus inquietudes y por conjuntar esfuerzos en busca de soluciones conjuntas. La organización ha identificado que en el primer semestre del año, las víctimas de extorsión alcanzaron las 5,887, la cifra más alta en una década, con un aumento del 83% desde 2015, alimentado en parte por redes delictivas operando desde centros penitenciarios.
Entre los delitos de mayor impacto para las empresas agremiadas, se destacan el robo a negocios, con 34,012 casos reportados, y las extorsiones, que han provocado cierres de negocios y han inhibido inversiones. Las pérdidas económicas provocadas por la inseguridad superan los 124 mil millones de pesos.
Coparmex solicitó al gobierno federal acelerar la aprobación de una Ley General contra la Extorsión, incrementar el presupuesto de seguridad pública, y sancionar a las autoridades penitenciarias que permiten extorsiones desde prisión. También pidió apoyos fiscales y financiamiento para los negocios afectados por la violencia.
En específico para Sinaloa, donde la problemática ha afectado severamente la economía local, el organismo propuso medidas como condonaciones de impuestos, créditos con condiciones flexibles y simplificación de trámites para nuevos emprendimientos. Reyes Zazueta, representante de Coparmex en Sinaloa, explicó que no buscan créditos regalados, sino condiciones que permitan condonar intereses y analizar cada caso para salvar empleos.
