A ocho años de la promulgación de la Ley General en Materia de Desapariciones, seis estados del país aún no cuentan con Fiscalías especializadas para atender, investigar y perseguir los delitos de desaparición forzada y desaparición de personas cometidas por particulares.
México registra más de 127 mil personas desaparecidas y no localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Sin embargo, los estados de Chihuahua, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán no han conformado Fiscalías especializadas para atender estos delitos, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas publicado el 12 de septiembre de 2024.
El informe señala que, pese a la obligación legal desde noviembre de 2017, estas entidades aún no cumplen con la creación de dichas fiscalías, lo que limita las acciones para localizar a las personas desaparecidas. La falta de leyes locales y fiscalías especializadas impide una respuesta efectiva y representa un pretexto para que las autoridades evadan sus responsabilidades.
Vicky Garay, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y del colectivo Guerreras en busca de nuestros Tesoros, expresó que la ausencia de fiscalías y leyes locales facilita que las autoridades estatales se esquiven de las búsquedas y responsabilidades, argumentando la inexistencia de normativas o recursos adecuados.
Al 25 de abril de 2025, en Chihuahua hay 4,017 personas desaparecidas; en Durango, mil 79; en Oaxaca, 756; en San Luis Potosí, 1,192; en Sonora, 5,071; y en Yucatán, 302. Aunque la Ley General en Materia de Desapariciones estableció en 2017 la obligatoriedad de que las fiscalías especializadas empezaran a funcionar en un plazo de 30 días, solo 26 estados han avanzado en la creación de dichas fiscalías y en la legislación local correspondiente.
Además, 12 estados aún no han legislado en la materia, pese a que tenían un plazo de 180 días para hacerlo. Garay afirmó que los colectivos deben tomar acciones para exigir estas leyes y fiscalías, ya que el retraso refleja una actitud de evasión por parte de las autoridades.
Aunque todos los estados tienen sus Comisiones Locales de Búsqueda, la última se creó en 2021, tres años después del plazo establecido en la ley. La crisis de desapariciones en México cobró mayor relevancia durante este sexenio, especialmente tras el hallazgo de un rancho en Teuchitlán, presuntamente utilizado por el crimen organizado para entrenar a sus integrantes y posiblemente como lugar para desaparecer personas, investigación que continúa en curso por la Fiscalía General de la República.
En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso al Congreso iniciativas de reforma para atender la crisis. La Secretaría de Gobernación ha sostenido mesas de diálogo con víctimas, familiares y colectivos en busca de soluciones.
Vicky Garay destacó que las administraciones han prometido apoyo y diálogo, pero aún no han logrado avances concretos, por lo que los colectivos mantienen la esperanza de que en esta ocasión las acciones sean efectivas y comiencen a responder a la crisis de las desapariciones en el país.