Human Rights Watch (HRW), la organización internacional líder en defensa de los derechos humanos, instó a la administración liderada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a desmantelar el aparato represivo del Estado, implementar reformas electorales y judiciales profundas, y destituir al fiscal general Tarek William Saab debido a su papel en la maquinaria chavista, en el contexto de las elecciones presidenciales de julio de 2024. La organización afirmó que las autoridades venezolanas deben realizar cambios reales en sus leyes e instituciones para evitar una transición falsa que beneficie a los intereses políticos del régimen, en detrimento de los derechos del pueblo venezolano, como señaló Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas.
Aunque valoró positivamente las recientes excarcelaciones de presos políticos, HRW recordó que aproximadamente 600 personas aún permanecen encarceladas por motivos políticos. La ONG advirtió que el aparato represivo continúa operando y criticó la ley de amnistía en debate en la Asamblea Nacional, la cual no garantiza la liberación incondicional de todos los detenidos arbitrariamente. La organización aseveró que las discusiones sobre la amnistía no deben servir para retrasar las liberaciones ni las reformas necesarias para la restauración democrática.
HRW también citó datos del Foro Penal que registran casi 19,000 arrestos arbitrarios en Venezuela, con denuncias de torturas, malos tratos, incomunicación y audiencias virtuales masivas. Desde 2014, la organización ha documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos contra disidentes, periodistas y activistas, con complicidad de la Fiscalía y el Poder Judicial. La ONG demandó reformas para garantizar la independencia judicial, criticó la continuidad de Saab en su cargo y exhortó a crear condiciones para elecciones libres y justas, incluyendo la revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyo respaldo a la reelección de Nicolás Maduro ha bloqueado candidaturas opositoras como la de María Corina Machado.
Además, HRW resaltó que es imprescindible que Delcy Rodríguez facilite el acceso a Venezuela para observadores internacionales de derechos humanos, como la Misión Internacional Independiente de la ONU y la CIDH, con el fin de documentar y denunciar posibles abusos. En paralelo, la Plataforma Unitaria Democrática, principal fuerza opositora, reclamó una ley de amnistía integral que permita la liberación de todos los presos políticos y criticó las restricciones del proyecto actual, que excluye a muchos detenidos y condiciona la libertad a requisitos que, según denuncian, falsifican los principios de justicia y reconciliación.
La oposición afirmó que una amnistía que no incluya a todos los presos no puede considerarse efectiva y advirtió que las disposiciones restrictivas representan una forma de 'administración del castigo' en lugar de justicia real. La discusión del proyecto continúa en la Asamblea Nacional, donde el debate está detenido por desacuerdos internos sobre la obligación de que los beneficiarios se presenten ante la justicia, un requisito conocido como 'ponerse a derecho'.
