El Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) salió en defensa de la licitación por más de $140.000 millones para servicios de vigilancia y seguridad privada, tras las críticas publicadas por Semana. La entidad afirmó que el proceso, realizado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, cumple con todos los principios de legalidad y transparencia, asegurando una competencia justa y gleichada.
Según el IDRD, las condiciones del proceso fueron diseñadas para garantizar igualdad de oportunidades y facilitar la participación de diversas empresas, sin imponer restricciones restrictivas o excluyentes. La Bolsa Mercantil se encargó de revisar los requisitos técnicos y económicos de las propuestas antes de la rueda de negociación, donde se selecciona al oferente con la mejor propuesta.
El organismo precisó que cualquier empresa que cumpla con los requisitos puede participar y que los lineamientos técnicos están enfocados en cumplir con los estándares de seguridad propios del sistema distrital de recreación y deporte.
Este pronunciamiento llega luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciara su intervención en el proceso, mediante una mesa técnica que reúne a representantes del IDRD, la Bolsa Mercantil y órganos de control. La revisión tiene como objetivo verificar si el proceso ha respetado los principios de transparencia y equidad, sin que ello suponga una investigación formal.
La Procuraduría enfatizó que la revisión se realiza en función preventiva y que se evaluarán los criterios de selección y mecanismos de evaluación para detectar posibles irregularidades. La convocatoria a la mesa técnica responde a inquietudes relacionadas con posibles favoritismos en las condiciones del pliego, que habrían favorecido a ciertos grupos empresariales.
Desde el IDRD, se reiteró que la finalidad del proceso es promover la participación de todos los interesados y garantizar la seguridad en parques y escenarios deportivos. La institución hizo hincapié en que la firma en la Bolsa Mercantil está avalada por la normativa y que una contratación transparente permite optimizar recursos públicos.
Mientras tanto, la entidad continúa colaborando con los órganos de control y aseguró que divulgará cualquier ajuste que ocurra tras la revisión de la Procuraduría. “La transparencia ha sido y seguirá siendo un principio rector de nuestra gestión”, concluyó el comunicado.
