¿Alguna vez imaginaste que una autoridad podía estar involucrada en un doble asesinato y, además, vincularse con grupos criminales? Este caso en el Estado de México revela una historia llena de traiciones, delitos y justicia.
Todo comenzó en enero de 2023, en el municipio de Zacazonapan, donde la expresidenta municipal de Amanalco, María Elena N., participó en un plan oscuro. Un año después de su detención — que ocurrió en el marco del 'Operativo Enjambre' — fue condenada a 70 años de prisión por su implicación en el homicidio de Miguel Ángel Lara, exsíndico municipal, y su escolta.
La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fue clave para esclarecer los hechos. Se reveló que, motivada por diferencias políticas y disputas por el control presupuestario del municipio, María Elena N. ideó y ordenó el asesinato del síndico y su acompañante. Para ello, contó con el apoyo de una organización criminal con raíces en Michoacán.
¿Cómo se llevó a cabo el crimen? La exalcaldesa instruyó a la víctima y a su escolta que acudieran a Zacazonapan por una 'presunta diligencia'. Sin embargo, durante su trayecto, ambos fueron atacados con armas largas y localizados sin vida al día siguiente, en la misma carretera Temascaltepec-Luvianos, donde habían sido vistos con vida por última vez.
Aunque en ese momento ejercía aún sus funciones como edil, María Elena N. fue detenida poco antes de entregar la presidencia, el 21 de noviembre de 2024. La fiscalía demostró que ella mantenía vínculos cercanos con miembros de 'La Familia Michoacana', incluso reuniéndose varias veces con líderes regionales para planear el asesinato y otros asuntos ilícitos.
Las investigaciones también revelaron un esquema de financiamiento ilegal: la exalcaldesa entregaba parte del presupuesto del Cabildo a la banda criminal en cuotas mensuales de 300 mil pesos. Además, cada acuerdo del Ayuntamiento implicaba pagar una cuota de 100 mil pesos, creando un flujo constante del dinero a estas organizaciones.
Por si fuera poco, en la sentencia dictada por el juez, a María Elena N. se le ordenó pagar 207 mil 234 pesos a la familia de cada víctima, como reparación del daño.
Este caso deja en evidencia cómo la corrupción y el crimen pueden infiltrarse en los niveles más altos de las administraciones públicas. ¿Qué más secretos esconderá esta historia? La justicia, al fin, alcanzó a quien creyó poder actuar impunemente.
