¿Sabías que un caso de lavado de dinero en Baja California ahora involucra directamente al exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda? La Fiscalía General de la República (FGR) lo ha llamado a declarar en medio de una investigación que ha puesto en jaque a importantes figuras políticas y empresariales de la región.
Todo empezó con una denuncia anónima que señaló a al menos veinte personas, entre ellas políticos de alto perfil como el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, y el exalcalde de Ensenada y actual senador, Armando Ayala Robles. También se menciona al empresario Fernando Rafael Salgado Chávez y a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien está en el centro de la polémica.
El excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres, fue citado a presentarse en las oficinas centrales de la FGR en la Ciudad de México. La convocatoria exige su acompañamiento legal y la entrega de documentación requerida, en medio de un clima de tensión y filtraciones que han alimentado el debate público.
¿La razón? La FGR formalizó cargos en su contra por operaciones financieras sospechosas y posibles vínculos con organizaciones criminales. Este caso tiene un peso adicional, pues meses atrás, el gobierno de Estados Unidos revocó la visa de Torres Torres y de su entonces esposa, Marina del Pilar, desatando especulaciones sobre posibles presiones internacionales.
Mientras tanto, la gobernadora ha confirmado que está en proceso de divorcio, aunque hasta ahora no ha hecho declaraciones públicas respecto a esta nueva fase del caso. Por su parte, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, reaccionó con cierto escepticismo, asegurando que la filtración del citatorio es injusta y que él y su administración se encuentran tranquilos, sin nada que temer.
Este escándalo llega en medio de un escenario político muy convulso, con filtraciones de documentos judiciales que han puesto en la mira a varios actores clave y han avivado el debate sobre la posible infiltración de intereses criminales en las instituciones públicas de Baja California.
¿Qué pasará después? La investigación continúa, y tanto Torres Torres como la gobernadora Ávila Olmeda guardan silencio, mientras la fiscalía refuerza su línea de investigación. Sin duda, este caso promete seguir dando de qué hablar y revelando secretos que podrían cambiar el panorama político y judicial en la región.
