El Congreso del Estado de México inició la revisión de un paquete de tres iniciativas orientadas a mejorar la protección ambiental en la entidad. Estas propuestas buscan regular procesos de auditoría y autorregulación ambientales, implementar un sistema de ‘Certificados Verdes’ con beneficios fiscales y crear un catálogo de especies nativas para programas municipales de reforestación.
La primera iniciativa, analizada en la Comisión Legislativa de Protección Ambiental y Cambio Climático, tiene como finalidad establecer reglas claras para la auditoría y autorregulación ambiental, instrumentos que, aunque mencionados en el Código para la Biodiversidad estatal, aún no estaban específicamente regulados.
Autoridades gubernamentales destacaron que el objetivo es pasar de un modelo basado en sanciones a uno preventivo, de confianza y colaboración con la ciudadanía y las empresas. La regulación facilitará que la autorregulación voluntaria tenga un mayor impacto que las inspecciones tradicionales.
El encargado de la Dirección General de Legislación del Estado explicó que la iniciativa permitirá a la Procuraduría de Protección al Ambiente dar seguimiento a estas auditorías y otorgar certificados verdes a las empresas que demuestren su compromiso ambiental voluntario.
El diputado Carlos Alberto López propuso el sistema de ‘Certificados Verdes’, fundamentado en tres pilares: incentivar la autorregulación con estándares más exigentes que la ley, promover auditorías periódicas para la mejora continua y ofrecer un sello distintivo con una reducción del 30% en impuestos sobre nóminas a negocios con alto desempeño ambiental.
López advirtió que, ante la crisis ecológica en el Estado de México — marcada por sequías, contaminación y pérdida de recursos hídricos —, la sustentabilidad es hoy un requisito clave para la competitividad empresarial.
Para obtener el certificado, las empresas deberán cumplir con normativas ambientales tanto federales como estatales, gestionar eficientemente recursos hídricos y energéticos, reducir emisiones y residuos, y participar en proyectos comunitarios de educación y responsabilidad ambiental. Esto fortalecerá no solo el derecho a un ambiente sano para las futuras generaciones, sino también la reputación y productividad de las compañías.
Por su parte, la diputada Alejandra Figueroa mencionó ejemplos internacionales, resaltando que en España la certificación de edificios verdes creció un 25% entre 2020 y 2021, y se espera que para 2025 esa cifra aumente otro 25%. “En un mundo de recursos finitos, los certificados verdes son herramientas indispensables para acelerar la transición hacia un desarrollo sostenible, rentable y responsable con el planeta”, afirmó.
La tercera propuesta corresponde a la creación de un catálogo de especies nativas, con la finalidad de que los municipios puedan llevar a cabo programas de reforestación con árboles adaptados a los ecosistemas locales. Esto mejorará la supervivencia de las plantas y contribuirá a la conservación de la biodiversidad regional.
