Los tocamientos con connotación sexual y sin consentimiento en espacios públicos representan una realidad cotidiana para miles de mujeres en el Estado de México. Aunque este acto es un delito tipificado, en la práctica pocas veces se sanciona, debido a la alta cifra negra: la mayoría de las víctimas no denuncia por miedo, desconfianza o falta de apoyo institucional.
De acuerdo con Jazmín Zepeda, abogada y activista, muchas mujeres que deciden denunciar enfrentan una doble revictimización: las autoridades cuestionan y minimizan los hechos o culpan a las víctimas, perpetuando la impunidad.
Datos del INEGI en la ENSU 2025 indican que el 15.9% de la población adulta en zonas urbanas sufrió acoso o violencia sexual en espacios públicos en el primer semestre del año. En el Estado de México, entre enero y septiembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia abrió 3,667 carpetas por abuso sexual, 2,201 por acoso, y otras causas relacionadas.
Expertos advierten que estos números representan solo una fracción del problema, ya que muchas casos permanecen en el silencio por temor o desconfianza. La ley estatal tipifica y multa estos delitos, pero en la práctica, las penas resultan bajas y los procesos judiciales son largos y complicados.
En entrevista, Zepeda señala que denunciar requiere un proceso complejo: acudir a la fiscalía, presentar la denuncia y esperar que las autoridades actúen, situación que en muchas ocasiones se ve limitada por la baja penalidad, permitiendo que los agresores puedan pagar garantías y evadir prisión. Además, las víctimas enfrentan peritajes médicos y psicológicos, gastos y una atención institucional que muchas veces resulta revictimizante.
La respuesta de las instituciones suele centrarse en cuestionar a las víctimas, en lugar de brindarles protección, situación que perpetúa la normalización de la violencia y dificulta la denuncia. La ENVIPE 2024 revela que más del 94% de los delitos sexuales en el país no se denuncian, tendencia que también se repite en el Estado de México.
Pese a que los delitos de acoso y abuso sexual están tipificados desde hace años y existen protocolos de atención, las penas en el Estado resultan insuficientes para disuadir a los agresores. Zepeda resalta que el Código Penal federal contempla penas de 6 a 10 años, pero en el Estado de México estas son menores, y los diputados tienen tarea pendiente en la actualización de estos artículos para garantizar justicia efectiva.
La impunidad se sostiene en dos frentes: la falta de castigo y la falta de denuncia. La mayoría de los casos permanecen en el anonimato, y las víctimas que denuncian enfrentan procesos largos, pocas veces con resultados.
El impacto del acoso callejero trasciende lo físico; genera miedo, estrés, baja autoestima y afecta la salud mental de las mujeres. Organizaciones internacionales como la OPS y la OMS advierten que estos delitos pueden derivar en ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático, cambios en conductas cotidianas y un deterioro en el bienestar psicológico.
En conclusión, el acoso y abuso sexual en espacios públicos vulneran derechos básicos y afectan la salud mental de las mujeres, perpetuando un clima de inseguridad que requiere una respuesta potente y efectiva por parte del Estado y la sociedad.
