Un fuerte despliegue policial aseguró un inmueble en Villa El Salvador, donde permanecían detenidos 13 integrantes de una presunta organización criminal dedicada a la extorsión y el cobro de cupos. Tras un trabajo de inteligencia, la Policía Nacional del Perú (PNP) allanó tres viviendas en la zona y logró desarticular a la banda.
Entre los elementos incautados se encuentran dos armas de fuego, 15 municiones, tres cartuchos de dinamita, 17 celulares, cinco chips, dos kilos de marihuana y pasta básica de cocaína, además de dinero en efectivo.
Los detenidos —siete hombres y seis mujeres— incluyen a un sujeto conocido como alias “Achorao”, presunto líder del grupo. El operativo inició en las primeras horas del día, y según informó el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, el principal cabecilla, identificado como Erick Gonzales, mostró disposición a colaborar con las investigaciones.
“Hasta el momento, uno de ellos, el cabecilla, que como bien dijo acá, que estaba dispuesto a colaborar, a hablar. Y bueno, eso, hay que recibirlo conforme a las normas. Hay una versión inicial de los hechos”, declaró.
El general Arriola recordó que, aunque el estado de emergencia facilita los allanamientos sin necesidad de orden judicial, estos operativos no se realizan al azar. Las viviendas allanadas ya estaban bajo seguimiento por investigaciones previas relacionadas con tenencia ilegal de armas y homicidio, siendo uno de los detenidos con antecedentes de estos delitos.
Se solicitarán siete días de detención preliminar para reunir más pruebas y determinar si la organización también participaba en otras actividades ilícitas. “Hay una investigación que han manejado los agentes de inteligencia y con la participación de los grupos especializados, y sí hay hechos de sangre que comprometen la vida de algunos ciudadanos”, afirmó.
Los agentes aguardaban la llegada del fiscal para trasladar a los detenidos y continuar con las diligencias correspondientes. La operación se realizó en coordinación con otras acciones en el marco del estado de emergencia, decretado por 30 días en Lima Metropolitana y Callao.
El estado de emergencia permite a la Policía y las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin orden judicial, en casos para combatir delitos, detener personas requisitoriadas o realizar operativos de seguridad. El Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM especifica que también se restringen derechos como la libertad personal, de tránsito y de reunión, debido al aumento en delitos como homicidios, extorsiones, sicariato y tráfico de drogas.
Durante este período, las fuerzas de seguridad mantienen el control del orden interno mediante operativos de control de identidad, descerrajes en viviendas, puestos de control, patrullajes conjuntos y búsqueda de sospechosos en zonas críticas, con apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en una situación de crisis.
