La suspensión inesperada de una reunión clave en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desató este viernes una serie de incidentes en su sede ubicada en Belgrano. Prestadores de servicios y familiares de personas con discapacidad irrumpieron por la fuerza en las instalaciones para exigir respuestas a sus demandas, tras la decisión de las autoridades de no recibir un petitorio. Ante la postura de las autoridades, los manifestantes resolvieron ingresar al lugar a la fuerza. Luego de los incidentes, el petitorio fue finalmente recibido, se llevó a cabo la reunión y se restableció la calma en el lugar.
El encuentro, convocado inicialmente para tratar la actualización de aranceles y la implementación de la Ley de Emergencia de Discapacidad, fue cancelado por el interventor Alejandro Vilches, lo que aumentó el malestar de las organizaciones del sector. La protesta, organizada por el Foro Permanente Discapacidad, continuó pese a la cancelación y a que la convocatoria original, prevista para las 11:00, fue adelantada a las 10:00 por decisión de Vilches.
La diputada Victoria Tolosa Paz criticó la situación, señalando que el gobierno «sigue demostrando su insensibilidad y desprecio hacia las personas con discapacidad». Añadió que «no hay diálogo ni soluciones: sólo ajuste, abandono y maltrato». La modificación en la horario de la reunión motivó que las organizaciones iniciaran movilizaciones para coordinarse con el encuentro y reforzar sus reclamos. Sin embargo, horas después, la reunión fue suspendida, lo que desató una reacción inmediata entre los manifestantes.
En un comunicado del Foro Permanente Discapacidad, las organizaciones cuestionaron la actitud de las autoridades de la Andis, acusando que «a pesar de que el interventor vuelve a suspender la reunión de directorio, aunque intenten justificarlo como ‘fuerza mayor’, lo que hay es dilación y abandono».
Entre los principales reclamos figuran la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la actualización de aranceles para los prestadores del sistema, el pago de compensaciones atrasadas establecidas por la Ley 27.793, y la convocatoria inmediata del Directorio del Sistema Único.
Participan en la protesta prestadores de servicios, familias, centros terapéuticos e instituciones de la red nacional vinculadas con el sector. La falta de actualización de los aranceles ha puesto en riesgo la continuidad de los servicios y generado incertidumbre sobre las prestaciones futuras.
Seguiremos informando sobre el desarrollo de esta situación.
