Las investigaciones penales por interrupción del embarazo en México registran un aumento en 2025. Durante los primeros siete meses del año, las fiscalías estatales iniciaron 522 carpetas de investigación por este delito, frente a 459 casos en el mismo periodo de 2024.
Mientras ocho estados aún no despenalizan el aborto voluntario —Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala—, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que la mayor parte de las investigaciones en 2025 se concentran en la Ciudad de México, con 146 casos, y en Nuevo León, con 144.
Hasta abril de 2025, 24 de las 32 entidades del país han legalizado el interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, con casos en Sinaloa hasta las 13 semanas. Sin embargo, realizarla después de ese periodo puede derivar en investigaciones penales.
Otras entidades con alto número de indagatorias son el Estado de México, con 66 casos; Baja California, con 34; y Tamaulipas, con 33. En los estados que han despenalizado el aborto —como la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California—, las investigaciones se mantienen abiertas incluso en estos contextos.
Por su parte, en estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Zacatecas, no hay reportes de investigaciones abiertas por aborto en lo que va del año.
En total, en 24 de las 32 entidades del país existen carpetas abiertas contra mujeres por aborto, ya sea por practicarlas después de las 12 semanas o en estados donde aún no se permite legalmente.
El proceso de despenalización en México ha avanzado notablemente en los últimos años, impulsado por movimientos feministas y fallos históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde 2007, la Ciudad de México fue pionera en legalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas, y en 2021 la SCJN declaró inconstitucional penalizarlo en todo el país.
No obstante, en las ocho entidades que aún mantienen restricciones severas, el aborto solo se permite en casos específicos, como violación, riesgo de salud o malformaciones fetales. Aunque la sentencia de 2021 protege a las personas gestantes contra la penalización, las diferencias legislativas y obstáculos como la objeción de conciencia médica dificultan el acceso universal a los servicios.
Es importante señalar que la apertura de una carpeta de investigación requiere una denuncia formal. Si se detectan indicios de delito, las autoridades podrán judicializar el caso, pero no todas las interrumpciones son perseguidas penalmente por falta de denuncias.
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Canedo, sin eñe ni ele. Reportero desde finales de los 90. Apasionado por investigar, preguntar, contar y comunicar. Cubro temas de seguridad y justicia, siempre al tanto de los avances y retos en México.
