El delito de extorsión en Veracruz registró un aumento del 60.7% entre enero y junio de 2025, situando a la entidad como la cuarta con mayor número de investigaciones abiertas por este crimen en el país.
En el primer semestre del año, las carpetas de investigación por extorsión en Veracruz pasaron de 56 en enero a 90 en junio, alcanzando la cifra más alta desde junio de 2024.
Bajo el gobierno de Rocío Nahle, los municipios de Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos concentran la mayor cantidad de procesos legales relacionados con extorsión, aunque esta problemática también afecta otras localidades.
Un caso emblemático es el de Irma Hernández Cruz, una maestra jubilada de 62 años, secuestrada el 18 de julio en Álamo Temapache mientras laboraba como taxista para complementar sus ingresos. Días después, circuló un video en redes sociales donde la víctima, arrodillada y rodeada por hombres armados y encapuchados, leía un mensaje intimidatorio dirigido a sus colegas taxistas, advirtiéndoles de pagar cuotas a la organización criminal.
El 24 de julio, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la muerte de Irma, y al día siguiente, detuvo a dos presuntos responsables.
Esta organización, conocida como Mafia Veracruzana o Grupo Sombra, opera en el norte del estado, incluyendo Álamo Temapache, Tuxpan y Pánuco, y disputa territorios con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que mantiene control en la región.
Además del asesinato de Irma, el grupo está vinculado a la desaparición de Jorge Néstor, otro taxista secuestrado una semana antes.
El aumento de extorsiones en el país ha despertado preocupación en el gobierno federal, que lanzó la 'Estrategia Nacional contra la Extorsión', en un esfuerzo por contener esta problemática, que entre octubre de 2024 y junio de 2025 sumó 8,095 carpetas de investigación.
Cerca de Veracruz, entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato y Nuevo León encabezan los casos, siendo en Edomex donde en junio de 2025 se registraron 223 denuncias. En ese estado, fuerzas de seguridad federales desmantelaron una red que controlaba precios de productos básicos como construcción, carnes y huevo, en una acción que busca frenar la escalada de estos delitos.
