La aprobación en la Cámara de Diputados de la media sanción del proyecto de reforma laboral en Argentina ha reavivado el debate sobre la aplicación del régimen indemnizatorio en contratos celebrados antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa. Aunque la iniciativa, que mantiene los principios fundamentales de la propuesta del Gobierno, excluyó el artículo 44, genera incertidumbre respecto a si las indemnizaciones futuras se regirán por la ley vigente al momento del despido o por la legislación anterior.
El proyecto busca unificar el marco regulatorio para todos los trabajadores, independientes de su fecha de ingreso, y reducir diferencias entre empleos antiguos y recientes, según afirmó el ministro Federico Sturzenegger. Sin embargo, expertos y actores del sector laboral advierten sobre matices legales en la interpretación, principalmente sobre la aplicación retroactiva o no de la ley.
Marcelo Aquino, asesor en derecho laboral, explicó que en Argentina la jurisprudencia indica que la ley aplicable en el momento de la desvinculación determina el cálculo de la indemnización, independientemente de la fecha de contratación. Para este experto, derechos adquiridos por los trabajadores se consolidan al momento del despido, siempre que la normativa vigente en esa fecha sea la que rige la liquidación. En contraste, Julián Ortiz Alonso, representante de un estudio jurídico especializado, afirmó que la ley vigente en el momento del despido debe aplicarse, reforzando que no hay un doble régimen en la materia.
El Gobierno sostiene que la reforma pretende modernizar y simplificar el sistema laboral, asegurando igualdad en la aplicación de las normas y previsibilidad en las relaciones laborales. La discusión continúa en el Senado, donde se analizarán los aspectos aún pendientes y posibles modificaciones al texto original.
Una de las principales inquietudes planteadas por sindicatos y empresarios es sobre la protección de los derechos adquiridos y derechos en expectativa, conceptos que dependen de si la desvinculación se realiza bajo la legislación anterior o futura. Según los especialistas, las indemnizaciones calculadas con base en la ley antigua solo se configuran en el momento de la desvinculación si esta ocurriese en esa vigencia.
Al preguntar sobre cómo se aplicarán las nuevas reglas a quienes estaban contratados antes de la reforma, los expertos coincidieron en que, en general, las desvinculaciones posteriores a la entrada en vigor de la ley deberán regirse por el nuevo régimen, independientemente de la fecha de ingreso. Esto, salvo que la normativa disponga expresamente otra cosa, lo cual no es el caso con el proyecto actualmente en discusión.
El proyecto de reforma relega la discusión sobre el artículo 44, pero avanza en cambios sustanciales en temas como las indemnizaciones, el preaviso y las modalidades contractuales. La transición normativa podría generar litigios por interpretaciones divergentes respecto a la retroactividad y la protección de derechos preexistentes.
El proceso legislativo, apoyado por diversas provincias, marca un avance en la modernización de las relaciones laborales en Argentina. El Poder Ejecutivo defiende la iniciativa como parte de su estrategia de desregulación y transformación del Estado, buscando seguridad jurídica y homogeneidad en la aplicación de las nuevas reglas.
La aplicación de la reforma, una vez sancionada y promulgada, será efectiva de forma inmediata para la resolución de despidos y otros efectos legales. Los tribunales y las partes deben entender que, siguiendo antecedentes judiciales, la ley vigente en el momento del despido es la que regula las indemnizaciones, lo que obliga a empleadores y trabajadores a ajustar sus prácticas y expectativas.
En resumen, la legislación en trámite favorece la aplicación de la normativa actual para los despidos posteriores a su entrada en vigor, mientras que las cuestiones sobre derechos adquiridos siguen siendo objeto de debate en el ámbito judicial y político. La definición final dependerá del compromiso del Congreso y de los tribunales en interpretar adecuadamente las disposiciones transitorias y la protección de los derechos de los trabajadores en esta transición normativa.
