María Guadalupe Martínez, mujer otomí originaria del Estado de México, enfrenta una condena de 50 años de prisión por presunto secuestro, sentencia que fue ratificada en los juzgados de Almoloya de Juárez. Su proceso penal inició tras una denuncia de la actual pareja del excompañero de Martínez, y padre de sus hijos, por este delito.
Antes de esta acusación, Martínez había sido señalada por abuso sexual y tentativa de feminicidio, cargos de los cuales fue absuelta. Las nuevas denuncias surgieron después de que buscara obtener una pensión alimenticia para sus dos hijos menores, en medio de una relación marcada por violencia y conflictos.
Desde su detención en julio de 2022, María Guadalupe no contó con el acceso a un traductor de su lengua materna, el otomí, hasta el día en que se dictó la sentencia. Durante todo el proceso, su defensa denunció graves violaciones a sus derechos humanos y la falta de una atención intercultural adecuada. Las pruebas presentadas para demostrar su inocencia fueron sistemáticamente rechazadas, lo que afectó severamente las posibilidades de defensa.
La defensa sostiene que tanto el juez Víctor Martín Mejía Hernández, del Poder Judicial del Estado de México, como el Ministerio Público Raúl Amauri Velázquez Jaimes, actuaron con irregularidades y omisiones durante el proceso. Organizaciones sociales y colectivos feministas han señalado que el caso refleja una serie de acusaciones sin fundamentos promovidas por la pareja actual del excompañero de Martínez, lo que evidencia una posible represalia y un profundo daño a sus derechos humanos.
Durante el proceso judicial, a María Guadalupe no se le brindó un servicio de traducción en su lengua otomí, lo que impidió una comprensión plena de los cargos y procedimientos legales en su contra. Solo el día de la sentencia logró acceder a una traductora, una práctica que viola el derecho al debido proceso y ha sido reiteradamente criticada por sus defensores.
La actuación del juez y del Ministerio Público ha sido cuestionada por su constante desestimación de las pruebas y recursos presentados por la defensa, encabezada por el equipo legal de Gabriela Amores. Mientras tanto, Guadalupe Martínez permanece en su domicilio en Temoaya bajo vigilancia mediante un brazalete electrónico. La custodia y cuidado de sus hijos ha quedado en manos de sus abuelos maternos.
En las redes sociales, el hashtag #JusticiaParaLupita ha sido utilizado para exigir a las autoridades que revisen el caso bajo una perspectiva de derechos humanos y género, en apoyo a la vulnerabilidad y derechos de la mujer otomí.
