La industria automotriz en el Estado de México y en todo el país enfrenta desafíos significativos debido a los aranceles impuestos por Estados Unidos. En este contexto, es urgente reforzar el sector y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral, especialmente en línea con los compromisos internacionales del T-MEC, impulsados por Canadá.
Elisa Crespo Ferrer, presidenta ejecutiva del Clúster Automotriz Metropolitano, destacó la importancia de fortalecer el esquema 'Hecho en México', ya que la industria atraviesa un momento sin precedentes que requiere acciones contundentes.
Durante la reciente sesión del consejo del clúster, se presentó la iniciativa 'Fortaleciendo a las industrias mexicanas en el cumplimiento de la legislación laboral', un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de Canadá. Este busca apoyar a las empresas mexicanas, principalmente del sector automotriz, en la implementación de reformas laborales derivadas de compromisos internacionales.
Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que, de enero a julio de 2025, México produjo un récord de 2 millones 316 mil 173 vehículos ligeros, lo que representa un aumento del 0.7% respecto al mismo período del año anterior, demostrando la fortaleza del país como centro de manufactura automotriz.
Crespo Ferrer explicó que los principales objetivos del programa incluyen ofrecer apoyo en temas como la NOM-035, igualdad de género, negociación colectiva y mecanismos de respuesta rápida en temas laborales. El programa ya se implementa en siete estados clave: Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México y Querétaro.
Aunque su enfoque inicial es la industria automotriz, el esquema también podrá beneficiar a otros sectores productivos en estas entidades, a través de diversas modalidades de apoyo. Además, se contemplan charlas y talleres para sensibilizar y capacitar a las empresas en el cumplimiento de obligaciones laborales, actualización de reglamentos internos, elaboración de protocolos contra el acoso y hostigamiento, y ofrecer asistencia técnica gratuita para implementar acciones específicas de mejora, adaptadas a las necesidades de cada organización.
