Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió que no existen pruebas de irregularidades en las aportaciones recibidas por Pío López Obrador, relacionadas con recursos que supuestamente serían utilizados por Morena en actividades político-electorales. Estas aportaciones, entregadas por David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, salieron a la luz en agosto de 2020 mediante videos difundidos por medios de comunicación, lo que llevó a diversas denuncias ante el INE por presuntas aportaciones en efectivo no reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización.
La consejera electoral Carla Humphrey explicó que la investigación, que duró cinco años, fue exhaustiva y contó con la colaboración de varias instituciones, incluyendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Sin embargo, las solicitudes de información a estas entidades no brindaron evidencias de transferencias bancarias o flujos financieros irregulares.
Se analizaron documentos, registros contables y peritajes en material audiovisual, pero ninguno proporcionó pruebas suficientes para confirmar la acusación. Humphrey destacó que la investigación fue rigurosa y que la decisión refleja la falta de elementos que demuestren el destino ilícito de los recursos.
La consejera también resaltó la necesidad de fortalecer las herramientas de fiscalización y criticó la negativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a proporcionar información solicitada por el INE, lo que representó un obstáculo para avanzar en la investigación. En este contexto, propuso que se informe al órgano interno de control del tribunal y a las autoridades competentes sobre esta posible infracción, criticando la resistencia de algunos tribunales a colaborar.
Humphrey urgió, además, a reformar el reglamento de fiscalización para obligar a las instituciones a proporcionar información en tiempo y forma, argumentando que actualmente la dependencia del INE en otras instancias limita la eficacia de sus labores.
Finalmente, la funcionaria reiteró que la resolución se basa en las evidencias recabadas, y que no se pudo comprobar que los recursos hayan beneficiado a Morena ni se hayan destinado a fines partidistas, concluyendo que las aportaciones no muestran irregularidades ni vínculos con actividades ilegales.
