Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron por unanimidad un proyecto presentado por Morena, en el que solicitaban que la Unidad Técnica de Fiscalización iniciara un procedimiento oficioso para esclarecer el destino de los fondos ejercidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Campeche durante la gestión del actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
El representante legislativo de Morena en el INE, el diputado Guillermo Santiago Rodríguez, defendió la petición argumentando que esta se ajusta a la Constitución y a la ley, que imponen al instituto la obligación de fiscalizar el origen, monta, destino y uso de los recursos de los partidos políticos.
Santiago Rodríguez afirmó que existen indicios documentados de que Moreno Cárdenas, tanto durante su mandato en Campeche como en su dirección del PRI, habría gestionado desvíos, simulaciones y enriquecimiento ilícito que, afirmó, han beneficiado al PRI y constituirían financiamiento ilegal.
La solicitud coincide con la reciente petición de la Fiscalía de Campeche a la Cámara de Diputados para el desafuero de Moreno Cárdenas, en relación con un presunto peculado de 83.5 millones de pesos. La investigación incluye pagos simulados, contratos irregulares, gastos sin respaldo y sobrecostos en una obra, además de denuncias anteriores por desvíos vinculados a enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y fraude fiscal.
Aunque el diputado de Morena argumentó que el INE tiene el deber de supervisar que los recursos públicos y de partidos políticos se manejen con transparencia y legalidad, los consejeros del órgano electoral coincidieron en que no había suficiente información o indicios firmes para iniciar una investigación.
Dania Ravel, consejera del INE, explicó que, según el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, un procedimiento oficioso requiere tener conocimiento de hechos que puedan constituir una violación y contar con elementos que permitan iniciarlo. En este caso, afirmó, no se cuenta con tales indicios. Además, destacó que, por la prescripción de los hechos, estos procedimientos podrían haber prescrito, ya que las posibles violaciones ocurrieron entre septiembre de 2015 y 2021.
Por su parte, la consejera Carla Humphrey consideró que la petición de Morena no cumple con los requisitos legales, ya que los reclamos deben acompañarse de pruebas que sustenten las denuncias. Mencionó que el camino correcto sería que Morena presente una queja formal, la cual sería valorada por la Unidad Técnica de Fiscalización para determinar si se puede avanzar en la investigación.
En conclusión, los consejeros del INE coincidieron en que la vía adecuada no es impulsar un procedimiento oficioso sin pruebas, sino que el partido peticionario presente formalmente su queja, y que el órgano electoral podrá determinar si dispone de elementos suficientes para actuar.
