El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con casi 33 millones de pesos a varios partidos políticos por irregularidades detectadas en las elecciones locales del 1 de junio en Durango y Veracruz. Durante la sesión del Consejo General, Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que se analizaron 167 procedimientos relacionados con el proceso electoral 2024-2025 en ambas entidades.
Las principales faltas incluyen presentación extemporánea u omisión de informes de campaña, gastos no reportados, irregularidades en publicidad en vía pública e internet, así como deficiencias en la documentación entregada. De estos expedientes, 37 procedimientos sancionadores fueron declarados fundados al acreditarse las irregularidades, en tanto que 99 denuncias fueron consideradas infundadas y 17 se sobreseyeron por tratarse de propaganda ya evaluada o no sujetas a revisión.
Humphrey destacó el trabajo técnico y jurídico del personal de la Unidad Técnica de Fiscalización y solicitó analizar puntos específicos como la matriz de precios y la proporcionalidad de las sanciones. La consejera Dania Ravel explicó que las multas sumaron 32.78 millones de pesos por diversas irregularidades en duraciones de campañas que variaron entre 30 y 50 días.
En Durango, se recibieron 199 de 211 informes esperados y las multas alcanzaron 11.37 millones de pesos. Los partidos cumplieron en destinar al menos el 50% del financiamiento público a candidatas, incluso en algunos casos aportaron más recursos a mujeres. En Veracruz, se recibieron todos los informes (mil 99), pero se detectaron incumplimientos en la paridad financiera, con algunas fuerzas políticas destinando menos de la mitad de los recursos a candidatas, resultando en sanciones por 21.4 millones de pesos.
Uno de los hallazgos más relevantes fue la detección de publicidad pagada en redes sociales mediante medios digitales creados específicamente para favorecer candidaturas, que no cumplían con criterios de objetividad y contaban con aportaciones de personas prohibidas, siendo sancionadas con el 200% del monto involucrado. Ravel cuestionó la tendencia a reducir las sanciones en ciertos casos y argumentó en contra del aumento en la sanción por egresos no comprobados en candidaturas independientes, pues estas enfrentan condiciones de desigualdad frente a los partidos y ya reciben menores recursos y apoyo durante los proceso.
