El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) inició una investigación exhaustiva contra el exconsejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien también es objeto de una pesquisa por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos malos manejos financieros durante su gestión al frente del organismo (2014-2023).
El director del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, ordenó recopilar todos los expedientes donde Córdova Vianello aparece como presunto responsable, incluyendo auditorías internas, quejas, denuncias y faltas administrativas.
Desde su salida en abril de 2023, Córdova ha sido un vehemente crítico de las reformas electorales, la composición del Consejo del INE y las recientes elecciones para la selección de jueces, magistrados y ministros, argumentando que buscan dominar el Poder Judicial y eliminar la división de poderes.
Según exfuncionarios del OIC consultados por El Sol de México, se elaboraron dos notas informativas sobre procesos en curso contra Córdova. La primera es por una queja por violencia política de género presentada por la senadora Morena Julieta Andrea Ramírez Padilla, entonces diputada federal, quien acusó gesticulaciones del exconsejero durante una sesión del Consejo General en marzo de 2023.
La segunda apunta a un viaje realizado en marzo de 2023 a Washington y Nueva York, dos semanas antes de su salida, en el cual Córdova sostuvó encuentros con representantes de organizaciones como NED, NDI, IRI, IFES, Wilson Center, Center for American Progress y CSIS. La legalidad y justificación de dicho viaje están en revisión.
Ambos casos están aún en proceso y pueden ser reabiertos hasta que el Consejo General del INE decida cerrarlos. Estas pesquisas coinciden con una investigación de la FGR sobre presuntas irregularidades financieras cometidas durante su administración, en la que se solicitaron antecedentes y documentación relacionada con pagos y nombramientos.
El 1 de abril, la FGR solicitó a la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, información sobre exfuncionarios, incluyendo detalles de pagos y nombramientos a Córdova, Jacobo Molina, Ana Laura Martínez, Ciro Murayama, Favela Herrera, y José Roberto Ruiz Saldaña.
Días después, circuló en medios una publicación que señalaba posibles irregularidades financieras en la administración de Córdova, por montos aproximados a 400 millones de pesos, según informes preliminares. Sin embargo, expertos señalan que las liquidaciones por terminación de contrato en el INE están reguladas y son comunes en el sector público.
Córdova refirió que la investigación de la FGR responde a una estrategia de hostigamiento y represión contra voces críticas, en un contexto de presunta persecución política. Por su parte, Jacobo Molina aseguró que su proceso de liquidación fue regular y que no ha recibido notificación alguna sobre irregularidades.
El exfuncionario también defendió la legalidad de los procesos y afirmó que en su gestión no participó en contrataciones directas, ya que esas responsabilidades corresponden a comités especializados. Además, resaltó que su administración fue altamente fiscalizada y sometida a escrutinio por organismos como la ASF y la UIF.
Finalmente, Córdova subrayó que su administración fue una de las más supervisadas en la historia del INE y que desde el gobierno federal se emprendió una campaña sistemática de descalificación y vigilancia, con revisiones minuciosas por parte de diferentes instituciones del Estado.
