El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó la impunidad y la falta de procesos contra responsables de atrocidades como los principales problemas del sistema de justicia en México, según su evaluación más reciente sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial.
El documento destaca que, aunque el gobierno mexicano tomó medidas para identificar y sancionar a funcionarios responsables de abusos, las bajas tasas de enjuiciamiento y condena siguen siendo un problema serio en todos los delitos. Además, señala que medios de comunicación reportaron vínculos entre algunos agentes del gobierno y bandas criminales internacionales, con una respuesta judicial limitada.
El informe, que se publica anualmente y que en esta ocasión es relevante en medio de la revisión que realiza la administración del presidente Donald Trump para determinar posibles aranceles comerciales, menciona que grupos del crimen organizado —pandillas locales, transnacionales y narcotraficantes— son responsables de crímenes violentos como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, secuestros, extorsiones, trata de personas y sobornos.
Aunque México ha investigado algunos casos, la mayoría permanece sin resolverse, indica el reporte. Como ejemplo, cita el incidente del 31 de marzo de 2024 en Chiapas, cuando hubo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y un grupo armado en Niños Héroes. Organismos no gubernamentales reportaron 25 muertes, incluyendo civiles, mientras que las autoridades solo reconocieron 10 víctimas, sin cargos penales contra los agentes.
El informe también resalta que muchas ejecuciones arbitrarias, atribuidas a fuerzas policiales y militares, resultaron en bajas civiles, muchas de las cuales ocurrieron durante tiroteos con criminales y sin que se inicien procesos legales. La dificultad para procesar con éxito estos casos refleja la persistente impunidad en el país.
En materia de libertad de expresión, se advierte la existencia de presión del gobierno sobre algunos medios a través del control de ingresos publicitarios, lo que afectó la cobertura tanto a nivel local como nacional. Además, periodistas que investigaban temas de delincuencia, corrupción y política estuvieron expuestos a asesinatos, agresiones físicas, ciberataques y amenazas, principalmente por parte de agentes estatales y organizaciones criminales transnacionales.
Durante 2024, al menos cinco periodistas fueron asesinados en diferentes estados, incluyendo a Roberto Carlos Figueroa en Morelos y Patricia Ramírez González en Colima. La elevada impunidad en estos casos generó un ambiente de autocensura en el sector.
El informe también aborda el problema persistente de desapariciones forzadas, muchas relacionadas con el crimen organizado y en ocasiones con supuestos vínculos con autoridades. Las investigaciones y condenas por estos delitos siguen siendo escasas, resaltando la gravedad del problema, especialmente en zonas con alta violencia provocada por cárteles y pandillas, donde las desapariciones parecen ser una práctica sistemática, según organizaciones sociales y ONG.
