Durante el Cuarto Foro de Análisis de Reformas a la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos 2025 en el Congreso del Estado de México, periodistas, defensores de derechos humanos, legisladores y especialistas coincidieron en la necesidad de que la futura legislación no solo garantice la libertad de expresión, sino que también incluya explícitamente a sectores históricamente excluidos. Entre ellos, periodistas indígenas, personas de la comunidad LGBT+, trabajadores freelance y personas con discapacidad.
El periodista Raúl García Víquez, representante de la Red 100 Periodistas por el Estado de México, destacó avances como la eliminación del delito de ultrajes a la autoridad, la incorporación de periodistas al IMSS-Bienestar y la implementación de un nuevo protocolo estatal para la actuación policial. Además, informó que en estos meses se han realizado 22 capacitaciones en 15 municipios, se han firmado cinco convenios interinstitucionales y 47 de 50 solicitudes de protección han sido aceptadas, beneficiando a 63 personas.
García Víquez resaltó que la reforma busca construir un marco normativo con un enfoque diferenciado e interseccional, para responder a la pluralidad de la labor periodística en la entidad.
Desde el ámbito legal, el consultor jurídico Javier Martínez Cruz, asesor de la iniciativa, señaló que el Estado de México está marcando un precedente nacional con una ley de protección con visión de futuro. Sin embargo, advirtió que la Constitución local aún no garantiza de forma expresa la libertad de prensa, por lo que consideró urgente una reforma constitucional que fortalezca los derechos de quienes ejercen el periodismo.
El foro contó con el apoyo de legisladores como el diputado Samuel Hernández, quien calificó este esfuerzo como “histórico” y recordó que proteger a periodistas y defensores es un deber constitucional y moral del Estado. Asimismo, la diputada Ana Yuritzi Leyva expresó que ejercer el periodismo en la entidad aún implica riesgos significativos, como amenazas, desplazamientos forzados y criminalización, por lo que solicitó una ley sólida, con enfoque en derechos humanos y diferencial.
La periodista Veneranda Mendoza advirtió que la actual legislación aún no cubre aspectos esenciales como seguridad social, protección laboral, acceso a defensa jurídica y condiciones estructurales para prevenir agresiones. También denunció el uso de figuras legales ambiguas, como acusaciones de violencia política en razón de género, para silenciar voces críticas.
Este cuarto foro forma parte de un ciclo de encuentros que culminará en septiembre de 2025 con la presentación de un documento maestro de reformas ante la LXII Legislatura local. El objetivo es consolidar una ley integral que reconozca las condiciones reales, complejas y diversas en que se realiza el trabajo periodístico y de defensa de derechos humanos en el Estado de México.
