El Estado de México afronta su segundo informe de gobierno con avances en la reducción de homicidios dolosos y robos de vehículos, pero enfrenta aún desafíos graves, especialmente en extorsión y robos en sus diversas modalidades, delitos que impactan la vida cotidiana de los mexiquenses. Entre enero y agosto de 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 1,875 homicidios, de los cuales 945 fueron con arma de fuego. Además, se registraron 930 muertes por accidente, 39 feminicidios y 21 secuestros.
En cuanto a la incidencia delictiva, en ese mismo período se documentaron 67,808 carpetas de investigación por robo en diversas categorías. El robo de autos lidera con 15,554 denuncias, seguido del robo a comercios con 10,478 y al transeúnte en vía pública con 10,331 casos, la mayoría con violencia. También se reportaron 1,690 casos de extorsión y 2,394 por narcomenudeo, colocando a la entidad entre las primeras a nivel nacional en estas cifras.
El secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, destaca una disminución significativa en estos delitos en comparación con el año pasado, atribuyendo estos avances a la coordinación con federación y municipios y a la continuación de operativos especiales. Menciona que los homicidios dolosos bajaron más del 30%, y el robo de vehículos más del 40%, logrando una reducción global superior al 20% en delitos de alto impacto.
Entre las acciones implementadas, cita operativos como Enjambre, contra funcionarios corruptos; Liberación, para intervenir en mercados del sur; Fortaleza, enfocado en robo de vehículos y casas de seguridad; y Atarraya, dirigido a supervisar giros negros.
No obstante, el tema de la extorsión sigue siendo un gran reto. Aunque las fuerzas del orden han logrado asegurar inmuebles y mercancías, la falta de denuncias formales impide desmantelar cabecillas. Castañeda Camarillo hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie, incluso de manera anónima, ya que muchas extorsiones operan con diferentes disfraces, desde llamadas telefónicas hasta cuotas supuestamente sindicales.
A pesar de algunas detenciones de líderes de grupos extorsivos, el secretario señala que el fenómeno no está resuelto y que falta mucho por hacer. Los robos, aunque han disminuido, siguen siendo motivo de preocupación, pues las denuncias por robo de vehículos, comercio y transeúntes representan una percepción elevada de inseguridad.
El funcionario reconoció que aún no se logra recuperar totalmente la confianza ciudadana y que el trabajo con la comunidad debe intensificarse. La depuración interna también ha sido prioritaria: en el último año, 45 policías estatales y personal penitenciario han sido dados de baja por actos de corrupción o colusión con delincuentes. La política de cero impunidad se mantiene sin distinguir entre corporaciones.
Por otra parte, la sobrepoblación en penales, que en 2023 alcanzó casi 37,000 internos, ha obligado a ampliar cuatro centros penitenciarios que pueden albergar a 4,500 personas, aunque aún se requieren soluciones estructurales. Las investigaciones indican que existe una cifra negra importante: más del 90% de los delitos no se denuncian, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
En conclusión, el segundo informe de Delfina Gómez refleja logros en algunos indicadores y pendientes profundos en otros, como la extorsión, el robo y la restauración de la confianza ciudadana, en medio de un entorno complejo de inseguridad.
