El Instituto Nacional de Migración (INM) presentó ante la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Federal de Derechos con la finalidad de establecer un cobro por la expedición del Formato de Autorización de Salida del país para niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica. Actualmente, este documento se otorga sin costo, pero se prevé que en 2025 sea solicitado al menos 69,696 veces.
El INM justificó la propuesta por el incremento en el fenómeno migratorio y los riesgos asociados a la movilidad de menores sin acompañantes legales, ya que dicho formato garantiza un desplazamiento seguro y controlado. La ley actual requiere emitir un formato por cada salida y menor, permitiendo así un monitoreo más riguroso en beneficio de las familias.
El organismo cuenta con 172 puntos de internación —66 aéreos, 56 marítimos y 50 terrestres— donde realiza verificaciones, lo que representa una infraestructura significativa. La recaudación por este concepto buscaría reducir la carga presupuestal de estos trámites.
Desde 2014, el INM ha implementado este formato regulado en el Reglamento de la Ley de Migración, y, a diferencia de otros mecanismos notariales, su tramitación en línea se realiza de manera inmediata y tiene vigencia de seis meses.
La iniciativa forma parte de la reforma integral a la Ley Federal de Derechos, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 8 de septiembre, que busca ajustar las cuotas por servicios migratorios a los costos reales, especialmente en casos de menores que viajan solos o en compañía de terceros.
Actualmente, existen dos mecanismos para autorizar la salida de menores: uno, un documento notarial con costos variables en cada entidad federativa (por ejemplo, en Ciudad de México, alrededor de 2,000 pesos), y otro, el formato gratuito del INM, que requiere recursos administrativos sustanciales.
La propuesta legal sugiere agregar una fracción VII al artículo 13 de la Ley Federal de Derechos, para establecer un cobro por la expedición del formato a menores y tutores jurídicos que viajen sin compañía de sus padres o con un tercero autorizado, dejando aún por definir el monto que se ajustará en el Presupuesto de 2026 o por disposiciones de la Secretaría de Hacienda.
No se busca derogar artículos existentes, sino legalizar este cobro para financiar el control, garantizar mayor seguridad y evitar usos indebidos. Además, la propuesta incluye ajustes en otras disposiciones para modificar tarifas en servicios migratorios en vuelos no regulares, embarcaciones internacionales, telecomunicaciones, aviación civil, sanidad, agua y otros rubros relacionados.
Aunque la iniciativa todavía debe discutirse y votar en comisiones, forma parte del paquete de la reforma fiscal 2026, por lo que su aprobación permitiría su entrada en vigor junto con el presupuesto del próximo año.
