El Ministerio Público de la Federación está investigando a ocho empresarios implicados en el caso de huachicol fiscal en la Marina, y sus posibles vínculos con los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estos empresarios, liderados por Roberto Blanco Cantú, conocido como 'El señor de los buques', presuntamente cuentan con apoyo de estos grupos criminales no solo en el robo de combustibles, sino también en tráfico de armas, según la Fiscalía General de la República (FGR). La investigación indica que estos individuos están vinculados a una organización criminal que opera en rutas marítimas internacionales, utilizando empresas fachada con documentación aduanal manipulada, en delitos relacionados con hidrocarburos y armas de fuego. Debido al riesgo de que puedan evadir la justicia tras una posible detención, la FGR solicitó su internamiento en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, conocido como El Altiplano. Los ocho empresarios incluyen a Brenda Mariela Salas Ramírez, José Isabel Murguía Santiago, José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, Anuar González Hemad y Héctor Manuel Portales Ávila, de los cuales al menos tres ya se encuentran en prisión. Entre los accionistas figura Blanco Cantú, propietario de Mefra Fletes, que opera en 15 estados del país; González Hemad, exjuez de Distrito inhabilitado y vinculado anteriormente con el caso de Los Porkys; y Murguía Santiago, hermano del exalcalde de Teuchitlán, involucrado en el caso del Rancho Izaguirre en Jalisco. La investigación también revela que estos actores están relacionados con la adquisición y entrega de armas de alto calibre, incluyendo granadas y lanzagranadas, con apoyo de autoridades aduanales y de diferentes niveles en el gobierno, para facilitar el ingreso ilegal de armamento desde Estados Unidos, que luego se distribuye en las organizaciones criminales. La Fiscalía tardó más de tres años en judicializar la denuncia inicial, presentada en enero de 2022, y en marzo de 2025 se formalizó la acusación por posesión ilícita de hidrocarburos, específicamente cerca de 2 millones de litros de gasolina y diésel. La estrategia de las empresas implicadas era declarar estos hidrocarburos como aceites y lubricantes para evadir impuestos, en complicidad con las autoridades aduaneras del Puerto de Altamira, Tamaulipas. Además de los cárteles del Golfo y CJNG, investigaciones señalan la posible participación del Cártel de Sinaloa en operaciones de tráfico de drogas, como parte de la misma red delictiva. La FGR también ha identificado vínculos con altos mandos de la Secretaría de Marina, los hermanos Farías Laguna, quienes presuntamente operan en colusión con los empresarios para mantener la red de huachicol en al menos cuatro estados del país: Tamaulipas, Colima, Sonora y Ciudad de México.
