La Comisión de Disciplina Judicial decidió ampliar la investigación contra la jueza Claribel Rodríguez, quien opera en el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, debido a presuntas maniobras que habrían retrasado o dificultado la recaptura del empresario Emilio José Tapia. Tapia fue condenado por su participación en el escándalo de corrupción de Centros Poblados.
La decisión se tomó después de que la Presidencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico recibiera nueva información sobre actuaciones del despacho judicial que, según fuentes, habrían influido en la demora para ejecutar la orden de captura del condenado. La investigación se centra en la actuación de Rodríguez, quien en abril de 2025 concedió a Tapia el beneficio de libertad condicional, medida que posteriormente fue rechazada por la Procuraduría General de la Nación debido a que, consideraron, no cumplía con los requisitos legales.
Señala el organismo disciplinario que, a pesar de la revocatoria de la libertad condicional en octubre y la orden de recaptura, la captura se demoró más de veinte días, permitiendo que el empresario permaneciera en libertad. Tapia fue arrestado finalmente en una clínica de Barranquilla en octubre, donde ingresó por supuestos problemas de hipertensión, y desde entonces se encuentra recluido en la Penitenciaría de El Bosque.
Tapia, conocido como el “zar de la contratación”, cumple una condena de seis años y cuatro meses por desviar 70 mil millones de pesos mediante sobrefacturación y empresas ficticias, en un caso emblemático de corrupción que involucró al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
La investigación contra la jueza Rodríguez comenzó en septiembre tras la polémica generada por la decisión de conceder la libertad condicional. La Comisión de Disciplina Judicial ahora indaga si la funcionaria actuó con negligencia o si, por el contrario, intervino para demorar su recaptura, contribuyendo a que Tapia permaneciera en libertad pese a una orden vigente.
La Comisión explicó que la ampliación de la pesquisa se dio tras recibir información sobre posibles maniobras para obstaculizar la recaptura, señalando que 20 días después de la notificación de captura en una clínica de Barranquilla, aún no se había concretado la recaptura, lo cual generó nuevas sospechas de irregularidades.
Mientras tanto, la jueza Rodríguez no ha emitido declaraciones públicas respecto a las nuevas acusaciones, aunque en su defensa dentro del proceso ha asegurado que las decisiones se tomaron con base en documentación y certificaciones disponibles, defendiendo la legalidad de sus acciones.
