La justicia federal amplió la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), procesando a 19 acusados, entre ellos los líderes de la red criminal. Además, este lunes fueron citadas a declaración indagatoria seis personas implicadas en diferentes roles dentro del esquema ilícito, que incluía la dirección de contratos millonarios y lavado de fondos públicos.
Los nuevos imputados son Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Mastropietro y Patricio Oscar Acosta. Algunos, como Mastropietro, ya habían sido vinculados previamente; este empresario de aviación se convirtió en noticia por su regreso a Argentina en noviembre pasado, tras evitar migraciones y no entregar su celular, en una causa relacionada con lavado de dinero a través de la empresa BairesFly. Dicha compañía habría facturado servicios inexistentes para justificar movimientos millonarios, incluyendo una factura de 150 millones de pesos que, en realidad, habría sido lavado en efectivo o depositado en cuentas de la organización.
Mastropietro también participó en reuniones en la vivienda del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, junto con jefes de la banda. En la estructura financiera, Alan Poccovi, considerado un financista de confianza, operaba una 'cueva' o mesa de dinero para convertir transferencias en efectivo, entregando dólares o pesos en efectivo para pagar sobornos y gastos no registrados, como los 4,500 dólares entregados a un conductor por orden de Calvete.
Matías Palotti Bertola, formalmente consultor externo, ejercía poder efectivo en la gestión diaria del grupo, siendo la 'mano derecha' del director de ANDIS, Daniel Garbellini, y actuando como un 'jefe de gabinete en las sombras'. Antes, fue Secretario de Gobierno en Morón y en la agencia filtraba comunicaciones y ejecutaba órdenes, incluyendo la rápida desvinculación de 27 empleados.
Fabián Parlakian, dentro del área de compras, facilitó que empresas como Profarma, Génesis, Floresta y New Farma, calificadas como prestadoras no registradas, obtuvieran alta en el sistema para participar en procesos de licitación, manejando listas de proveedores para agilizar habilitaciones y direccionar compras.
Por su parte, Patricio Denholm, director de Gestión Descentralizada, enviaba reportes internos a Miguel Ángel Calvete, proporcionando datos sobre pagos estatales, incluyendo un informe en septiembre de 2025 que detallaba transferencias por más de 9.2 mil millones de pesos, permitiendo a la organización prever los movimientos financieros.
Finalmente, Patricio Acosta, presunto testaferro y pareja de una funcionaria de ANDIS que actuaba como doble agente, usó su nombre para figurar como socio en empresas vinculadas a Calvete, cobrando millones de pesos y permitiendo el retiro de utilidades del esquema ilícito, con sus movimientos patrimoniales supervisados por los contadores de la organización.
Se espera que en próximos días se presente también a indagatoria a representantes de las droguerías implicadas, como parte de la ampliación de la causa y la investigación que busca esclarecer los vínculos y modalidades del esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
