El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) encarna todo lo que el gobierno de la 4T representa: falsa austeridad, incumplimientos hacia sus derechohabientes y un presunto beneficio para unos pocos.
El mayor ejemplo, el más visible y a la vez ignorado, es el Director General, Ignacio Salgado García. Tras dejar su pensión para ingresar al ISSEMYM, realizó un discurso en el que se comprometió a eficientar el pago de las pensiones. Aparentemente cumplió en tiempo récord su palabra, pero, según denuncias, los procesos se agilizan únicamente para quienes recurren a su despacho, Salgado & Asociados. Mientras tanto, derechohabientes aseguran que llevan hasta dos años en espera de un dictamen de pensión y deberán esperar otros dos para el pago de la misma, a menos que contraten sus servicios. Este amplio despliegue de recursos administrativos ha sido señalado como un posible beneficio económico para el Director General del ISSEMYM. Todo ello pese a un aparente conflicto de intereses que no ha sido atendido por la Oficialía Mayor ni por la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, lo que, según críticos, podría obedecer a beneficio político.
Para cumplir con la narrativa del discurso de austeridad, el ISSEMYM mantiene una plantilla laboral basada en personal eventual, situación que se replica en clínicas, hospitales y oficinas administrativas. Esto ha debilitado las condiciones laborales del personal, especialmente en las áreas de salud. Ante ello, médicos y enfermeras han exigido la contratación permanente para garantizar su estabilidad laboral. El 11 de junio de este año se anunció, con bombo y platillo, la basificación de 100 trabajadores de enfermería. Sin embargo, de acuerdo con testimonios de trabajadores, entre los beneficiados hubo personal con apenas 30 días laborando en el ISSEMYM, pero con vínculos personales o familiares que facilitaron dicho beneficio, mientras que médicos y enfermeras eventuales han esperado por más de 10 años.
Finalmente, los obstáculos para agendar citas de pensión o credenciales, la falta de medicamentos, la agenda prolongada de estudios médicos y trasplantes, así como la demora en citas con especialistas, son situaciones que, según denuncias de derechohabientes, reflejan las carencias de una institución cuya dirección parece más enfocada en intereses administrativos que en garantizar la salud.
