El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) atraviesa su situación financiera más grave en su historia, ya que en 2024 sus reservas se agotaron y ahora sus pensiones y servicios médicos dependen casi por completo de las transferencias que el gobierno estatal aprueba anualmente en el presupuesto. Los informes actuariales de los decretos de egresos 2023, 2024 y 2025 alertan que el sistema es ya insostenible sin una reforma profunda.
Un estudio elaborado en 2023 por la firma Lockton México señala que en 2024 se alcanzó la fecha de descapitalización. A pesar de contar con ingresos anuales de más de 15 mil 385 millones de pesos y activos por aproximadamente 87 mil 548 millones, el déficit actuarial supera el billón de pesos. La raíz del problema, explicó un trabajador del instituto, radica en el incremento en el número de jubilados, pensiones crecientes y aportaciones insuficientes.
En los últimos cinco años, el gasto del ISSEMyM casi se duplicó, pasando de 25 mil 152 millones en 2020 a más de 44 mil millones en 2024. La mayor presión financiera proviene del pago de pensiones, que en 2020 representaba poco más de 10 mil millones y ahora supera los 26 mil millones solo en 2024. Actualmente, más de la mitad del presupuesto se destina a cubrir pensiones.
El monto de las pensiones también revela disparidades significativas: mientras que en 2020 había pensiones máximas que superaban los 550 mil pesos mensuales, en 2023 se redujeron a 84 mil pesos. Sin embargo, el promedio mensual de las pensiones aumentó de 14 mil pesos en 2020 a más de 21 mil en 2025, con rangos que van desde menos de mil a más de 120 mil pesos.
Un problema alarmante es el retraso en la entrega de pensiones, que puede extenderse hasta tres años, dejando a los derechohabientes en condiciones de vulnerabilidad e incluso provocando fallecimientos antes de recibir su pensión. Además, el sistema ha abierto la puerta al coyotaje legal, donde abogados particulares y gestores prolongan litigios laborales y de amparo, acumulando pagos retroactivos y cobrando porcentajes elevados por honorarios, lo que afecta directamente a los jubilados.
En 2023, el Congreso estatal empezó a etiquetar recursos específicos en el presupuesto del ISSEMyM para garantizar que se destinen principalmente al pago de pensiones. En ese año, se asignaron 5 mil 177 millones de pesos con esta finalidad, cifra que aumentó a 7 mil 267 millones en 2024.
Las proyecciones indican que el sistema enfrenta un 'hueco financiero' de aproximadamente 852 mil 699 millones de pesos con respaldo insuficiente para los actuales y futuros pensionados. Además, se calcula que, sin cambios, en el futuro se generará un déficit adicional de más de 346 mil millones de pesos, agravado por una baja tasa de rendimiento del 3.25% anual, que hace inviable la solvencia del sistema.
El problema ya no es solo de futuro, sino presente, pues las pensiones se pagan con subsidios del Estado de México. Los trabajadores y jubilados coinciden en que es urgente una reforma legal que redefina la edad de retiro, las aportaciones y los límites de pensión, para garantizar mayor justicia y sostenibilidad.
Tras su comparecencia en el Congreso local, el secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, reconoció que el ISSEMyM enfrenta una crisis estructural prolongada, con un modelo de financiamiento insostenible y una carga creciente de demandas judiciales. Resaltó que estas problemáticas no son casuales ni recientes, sino acumuladas y que requieren una política de Estado responsable.
El gobierno estatal ha iniciado un programa de reestructuración integral, que incluye reorganización de cuotas, reformas normativas y acciones legales para reducir las demandas por pensiones. Flores Jiménez afirmó que el instituto cuenta con el presupuesto necesario para afrontar contingencias, y su objetivo es consolidar un sistema de seguridad social sólido, sostenible y confiable para los mexiquenses.
