El 17 de octubre de 2025, un enfrentamiento frente a la embajada de Estados Unidos en el noroccidente de Bogotá dejó cuatro policías heridos por flechas, generando un amplio debate sobre las protestas recientes y la participación del Congreso de los Pueblos. La manifestación, que involucró a indígenas y miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), ocurrió en un contexto de alta tensión social y política en la capital.
El economista Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), explicó en una entrevista con La FM que el Congreso de los Pueblos es "una organización social, un conjunto de organizaciones que se reúnen para ejercer mecanismos de democracia directa" y que no tiene vínculos con los procesos tradicionales de participación política. Restrepo destacó que las recientes movilizaciones no siguieron las formas habituales de protestas pacíficas, ya que estas fueron violentas y no alineadas con los cauces democráticos.
En cuanto a las acusaciones de que el Congreso de los Pueblos podría tener nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Restrepo las rechazó categóricamente, señalando que no existen pruebas que lo respalden y que tales afirmaciones provienen de "personas radicales". Además, recordó que la Fiscalía General de la Nación ha investigado al movimiento por su participación en protestas entre 2019 y 2021, pero sin encontrar evidencias de relaciones con grupos insurgentes.
Restrepo advirtió que los hechos recientes podrían constituir "una acción criminal" o incluso un "intento de homicidio"; sin embargo, esto no implica una relación directa con organizaciones armadas. También apoyó la expresión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien se refirió a los actores como "milicias de choque", grupos armados que operan contra las instituciones del Estado y que actuaron con armas como arcos, flechas y explosivos artesanales.
El enfrentamiento ocurrió cuando manifestantes indígenas del Congreso de los Pueblos llegaron frente a la embajada de Estados Unidos, portando, en algunos casos, arcos y flechas "ancestrales" como mecanismo de defensa. La protesta fue convocada para denunciar conflictos internacionales, incluyendo la situación del pueblo palestino, y los líderes la calificaron como "beligerantemente pacífica", aclarando que su intención era comunicar su rechazo mediante banderas, libros y bastones de mando.
Información oficial indica que varios encapuchados, provenientes de la Universidad Nacional, se dirigieron hacia la embajada y se enfrentaron con la unidad antidisturbios de la Policía Metropolitana de Bogotá, portando cizallas industriales y, en algunos casos, potenciales explosivos. La Secretaría de Seguridad reportó que al menos cuatro policías resultaron heridos por flechas, hechos que el alcalde Galán calificó como "planeados y premeditados", además de denunciar ataques con artefactos explosivos e incendiarios.
El presidente Gustavo Petro expresó que ordenó proteger la embajada y resaltó que, a pesar de los acuerdos con el Congreso de los Pueblos para levantar bloqueos, un grupo radical atacó a la Policía. Petro afirmó en redes sociales que "la embajada se cuidó como prometí" y que Colombia cumple con sus obligaciones internacionales.
Estos sucesos reavivan el debate sobre la legitimidad del Congreso de los Pueblos, su independencia de grupos armados ilegales y el delicado balance entre el derecho de protesta y la seguridad pública en Colombia.
