El Congreso de la República censuró a José Jerí con 75 votos a favor, lo que implica su destitución como presidente del país y la pérdida de su protección legal como autoridad máxima. Sin embargo, el parlamentario de Somos Perú podrá retomar su escaño en el Legislativo, donde mantiene su despacho, salario y derechos parlamentarios, incluyendo la prerrogativa de antejuicio, según aclaró el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, en entrevista con Sin Anestesia. Esto significa que Jerí solo podrá ser procesado penalmente si el Congreso lo autoriza previamente.
Tras la censura, Jerí recuperará integralmente sus garantías del fuero parlamentario, aunque conservando su situación administrativa y económica, ya que, durante su mandato presidencial, no recibió un salario adicional al de congresista, recordó Álvarez. El retorno a su curul también trae importantes cambios en la naturaleza y alcance de las investigaciones en su contra. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, explicó que mientras Jerí fue presidente de la República, la Constitución y el Tribunal Constitucional limitaban las medidas coercitivas disponibles en su contra. Ahora, esas acciones, como allanamientos, levantamiento del secreto bancario o de comunicaciones, incautación de dispositivos electrónicos y solicitud de impedimento de salida del país, podrán realizarse desde mañana, aunque con límites.
Gálvez precisó que, aunque las investigaciones, centradas en presuntos delitos de tráfico de influencias, contratos irregulares, el llamado caso Chifagate y contrataciones mediante el Fondo de Apoyo Gerencial, continuarán en reserva, podrán avanzar con mayor ímpetu. «A partir de mañana, tenemos que redefinir la estrategia de investigación y disponer las diligencias necesarias, porque ahora podemos aplicar medidas coercitivas, aunque con precaución, dado que Jerí sigue siendo congresista y tiene protección del antejuicio», destacó. La modificación en su estatus permite a las autoridades impulsar las pesquisas con mayor fuerza, respetando siempre los límites constitucionales y legales en el proceso.
