Un joven de entre 20 y 25 años fue asesinado durante un tiroteo ocurrido en una intersección del bulevar Morazán en Tegucigalpa, Honduras, en medio del día. La agresión, que se reportó por testigos, fue provocada por una presunta discusión con un guardia de seguridad privada, quien posteriormente fue detenido por las autoridades tras ser localizado en una zona de venta de bebidas alcohólicas en Comayagüela. La Policía Nacional realizó un operativo de seguimiento y análisis de evidencias en la escena del crimen, incluyendo la inspección del arma utilizada y la revisión de permisos legales del sospechoso, aspectos que serán valorados en la fiscalía.
El incidente generó pánico y congestión vehicular en la zona, con residentes y transeúntes buscando refugio en comercios cercanos. La víctima fue encontrada tendida junto a un vehículo estacionado, y posteriormente el cuerpo fue trasladado por peritos del Ministerio Público a la morgue para practicarle la autopsia. La escena del crimen quedó asegurada y se recopilaron casquillos y otros indicios para reconstruir la secuencia de hechos.
Las primeras versiones oficiales indican que la pelea pudo haber sido el detonante del tiroteo, aunque aún no se confirman las causas exactas ni si el agresor actuó en defensa propia o con intención de causar daño. La fiscalía ha iniciado diversas líneas de investigación, incluyendo el análisis de cámaras de vigilancia, antecedentes de los involucrados y pruebas balísticas, con una audiencia inicial programada en las próximas horas contra el sospechoso, quien permanece bajo custodia.
Este hecho se suma a los elevados índices de criminalidad en el Distrito Central, donde, según cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), desde principios del año se han reportado 191 homicidios, en su mayoría de hombres. La violencia en espacios públicos preocupa a colectivos de derechos humanos, especialmente por la presencia de armas y la violencia interpersonal en zonas urbanas densamente pobladas. La policía y las instituciones de justicia seguirán evaluando si hubo fallas en los protocolos de actuación y en la regulación de permisos de portación de armas, con el objetivo de evitar futuros incidentes similares.
