El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclaró que la participación del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en la asamblea del Frente por la Vida, celebrada el viernes 30 de enero, fue previa a un panel académico sobre retos del futuro gobierno en Colombia. La asamblea, que busca definir un candidato único para las elecciones presidenciales de 2026, generó controversia debido a la presencia de funcionarios públicos en evento político.
Según Cristo, el ministro Sanguino asistió a un panel académico acompañado por el presidente de la Cámara, Julián López, y el expresidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, para debatir sobre la agenda social y reformas pendientes del próximo gobierno, antes de la asamblea del partido En Marcha, en la que también participó. Cristo precisó que, tras el panel, el ministro se retiró y la asamblea prosiguió de manera formal.
La presencia del ministro ha despertado cuestionamientos en algunos sectores políticos, ya que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 127, prohíbe a funcionarios públicos participar en actividades políticas partidistas durante su horario laboral. Sin embargo, Cristo resaltó que la actividad fue previa a la reunión política y que el funcionario no estuvo participando directamente en la misma.
Durante el evento académico, el senador Antonio Sanguino mencionó que el gobierno tiene previsto presentar ante el Congreso, el 20 de julio, una propuesta de reforma constitucional para una asamblea constituyente. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la aprobación de reformas sociales, laborales y fiscales que considera prioritarias, en caso de que el trámite legislativo no prospere.
De acuerdo con la legislación colombiana, la participación política indebida por parte de servidores públicos puede acarrear sanciones severas, incluyendo destitución, prohibiciones de ejercer cargos públicos por hasta 20 años y multas, en cumplimiento del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). La Procuraduría General de la Nación ha reiterado que, durante las próximas elecciones de 2026, no se permitirá el uso de recursos estatales ni la coacción a empleados públicos para ventajas políticas, y advierte que toda conducta irregular será sancionada con máxima severidad.
