Tras el incremento en la tarifa del transporte en el Estado de México, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Francisco Vázquez Rodríguez, reconoció que dicho ajuste ha generado malestar y rechazo entre la ciudadanía. Por ello, afirmó que el gobierno debe hacerse responsable y asumir el costo político de esta medida.
Vázquez Rodríguez aclaró que el aumento no fue aprobado por el Congreso, sino que proviene de decisiones de la Secretaría de Movilidad y del Ejecutivo estatal. Además, puntualizó que el incremento afecta únicamente a los servicios concesionados, ya que servicios como el trolebús y Mexibús mantienen sus tarifas sin cambios.
El legislador subrayó que este ajuste tarifario debe ir acompañado de mejoras en seguridad, chatarrización y modernización de unidades, responsabilidades compartidas con los concesionarios, para que la medida beneficie realmente a los usuarios y no solo a los prestadores del servicio.
“El Congreso no autoriza esas tarifas; nuestro papel es vigilar que se implementen las mejoras. Any malestar social derivado del aumento es responsabilidad del Ejecutivo, y no podemos culpar a funcionarios específicos”, sostuvo.
En cuanto a taxis masivos y bicitaxis que operan fuera de la ley, Vázquez Rodríguez enfatizó en que la Ley de Movilidad debe aplicarse con claridad, prohibiendo unidades no permitidas y regulando tarifas para evitar abusos.
Finalmente, destacó que la gobernadora Delfina Gómez mantiene un trabajo cercano a la ciudadanía y enfrenta retos en transporte, vialidades y seguridad. Hizo un llamado a denunciar irregularidades y delitos, reiterando que la mejora del transporte concesionado requiere la colaboración de autoridades, concesionarios y ciudadanos.
“Dos años no son suficientes para revertir décadas de malos gobiernos, pero el cambio ya inició. La gobernadora da la cara y asume los retos con responsabilidad”, afirmó.
En paralelo, Vázquez anunció que se solicitó un aumento presupuestal del 4 por ciento adicional a la inflación, destinado principalmente a consolidar la propiedad de inmuebles del Congreso y mejorar condiciones laborales para los empleados con salarios bajos. Asimismo, se pretende adquirir dos inmuebles adicionales en Toluca, además del inmueble comprado en la subasta del extinto Partido Nueva Alianza.
El diputado precisó que no habrá incremento en los salarios de los legisladores ni bonos, ya que el objetivo es cuidar al personal y dejar de rentar espacios, invirtiendo en propiedades propias.
Asimismo, informó que los 75 diputados donarán una quincena de su sueldo (aproximadamente 3 millones de pesos) para apoyar a damnificados por desastres naturales en Veracruz, Hidalgo y Puebla. Los recursos se canalizarán directamente a las comunidades afectadas o a organizaciones seleccionadas por las autoridades de Bienestar, garantizando una ayuda directa y sin intermediarios.
