El juez en lo Penal Económico Diego Amarante desestimó un recurso presentado por Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y confirmó la apertura de la investigación por presunta apropiación indebida de aportes sociales. La causa se centra en la supuesta omisión en el ingreso de un monto superior a 19 mil millones de pesos en retenciones no depositadas, con periodos que abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
El pasado miércoles, Amarante emitió una resolución de 24 páginas en la que descreditó la defensa de Tapia y la del organismo rector del fútbol argentino, que argumentaban que la causa había sido frenada por medidas administrativas y beneficios fiscales ordenados por el Ministerio de Economía. El juez aclaró que dichas resoluciones no suspenden ni cancelan la exigibilidad de las deudas tributarias ni la posibilidad de iniciarse procesos penales.
Tanto el fiscal Claudio Navas Rial como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en calidad de querellantes, se opusieron firmemente a cerrar la causa. Consideraron que las normas administrativas relacionadas con planes de pago y suspensiones de juicios no tenían el efecto de anular la naturaleza delictiva de las maniobras denunciadas. La resolución de Amarante reafirma la posición fiscal y rechaza la tesis de defensa, que pretendía justificar la falta de ingreso de aportes por la imposibilidad de ejecución fiscal.
El magistrado señaló que la existencia de intereses resarcitorios previstos en la normativa de alivio fiscal demuestra la exigibilidad de las obligaciones tributarias aún en los períodos de suspensión. Además, advirtió que las resoluciones del Poder Ejecutivo no pueden modificar las reglas establecidas por el Código Penal y que los delitos tributarios se relacionan con quedarse con dinero de terceros, no con la deuda en sí misma.
El caso se origina en un informe de la ARCA y del fiscal Navas Rial, quienes detectaron irregularidades en el ingreso de retenciones de Ganancias, IVA y Seguridad Social, realizadas por la AFA en calidad de agente retenedor pero no depositadas en la autoridad fiscal. La denuncia ha generado un perjuicio fiscal estimado en más de 19 mil millones de pesos.
Con esta sentencia, la causa penal avanza hacia futuras etapas, incluyendo la citación a indagatoria, consolidando el proceso judicial en torno a la presunta apropiación indebida de fondos públicos por parte de la AFA y su presidente, Claudio Tapia.
