Una jueza federal en Estados Unidos ordenó este jueves el desmantelamiento en un plazo de 60 días del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, situado al oeste de Miami, además de prohibir el ingreso de nuevos migrantes. La decisión responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas y la tribu indígena Miccosukee, quienes alegan daños al ecosistema de los Everglades.
La jueza Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, falló parcialmente a favor de las organizaciones ambientalistas Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, así como de la tribu Miccosukee, exigiendo el cierre completo e inmediato del centro debido a su impacto negativo en la zona natural.
La orden impide la instalación de infraestructura adicional, como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, además de prohibir pavimentar, excavar o cercar el sitio, que fue abierto el 3 de julio en un aeropuerto abandonado tras una visita del expresidente Donald Trump.
Asimismo, restringe el ingreso de personas adicionales al centro, que ya al momento de la orden alberga a aproximadamente 336 migrantes, una reducción significativa de las cifras anteriores, con una capacidad prevista de hasta cuatro mil internos. La orden no impide las reparaciones o modificaciones menores en la infraestructura existente.
Tras los 60 días, las autoridades deberán remover las instalaciones industriales, incluyendo iluminación, sistemas de gas, drenaje y gestión de desechos, y dejar libre la zona para la tribu Miccosukee, perteneciente a la región.
La demanda busca detener por motivos ambientales el funcionamiento del centro, que actualmente opera en un área con 36 especies endémicas amenazadas, como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos, señalando que la construcción y operación del centro compromete la biodiversidad local.
Eve Samples, directora de Friends of The Everglades, calificó la decisión como "una victoria emblemática para los Everglades y para quienes defienden la protección de especies en peligro".
La misma mañana, el congresista demócrata Maxwell Frost, representante de Orlando, informó que solo quedan 336 migrantes en el centro tras una reciente inspección, una tercera parte de los registros previos.
Esta resolución no detiene las acciones legales en curso, particularmente las promovidas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que defienden los derechos de los migrantes detenidos y son una demanda distinta por violaciones a derechos humanos.
El conflicto continuará en los tribunales, pues el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el fiscal general James Uthmeier, han cuestionado la legitimidad de la jueza, nominada por el expresidente Barack Obama, prometiendo seguir enfrentando las decisiones judiciales adversas.
