Un juez federal ordenó al gobierno de Donald Trump que permita el regreso de un hombre guatemalteco, identificado solo por las iniciales O.C.G., quien fue expulsado recientemente a México pese a que una corte en febrero le había otorgado protección humanitaria debido a que su vida corría peligro fuera de Estados Unidos.
El hombre forma parte de una demanda colectiva de cuatro personas que cuestionan su expulsión sin la posibilidad de impugnarla, argumentando que podrían sufrir persecución, tortura o incluso morir si regresan a su país de origen o son expulsados a otro país.
El magistrado Brian Murphy, del Distrito de Massachusetts, emitió la orden el viernes por la noche tras determinar que el gobierno incurrió en un error al deportar a O.C.G., quien afirmó que, debido a su orientación homosexual, su vida estaba en riesgo en Guatemala y en México, donde afirmó haber sido violado.
El fallo señala que el gobierno debe "tomar todas las medidas de manera inmediata, incluyendo la coordinación con los abogados de los demandantes, para facilitar el regreso de O.C.G. a Estados Unidos".
En febrero, una corte de inmigración le había otorgado al hombre la protección conocida como bloqueo de expulsión, al concluir que su deportación a Guatemala lo pondría en peligro, según lo establecido en la denuncia.
El mismo juez Murphy ordenó en marzo bloquear la expulsión de ocho migrantes, entre ellos dos cubanos y un mexicano, a Sudán del Sur. A pesar de esta orden, el Gobierno permitió que un avión despegara con estas ocho personas, quienes actualmente permanecen bajo custodia federal en Yibuti.
Esta no es la primera vez que un juez federal ordena a la Administración que reincorpore a un migrante deportado. Recientemente, una corte solicitó facilitar el retorno de Kilmar Ábrego García, deportado en marzo a El Salvador, pese a tener una orden previa que bloqueaba su expulsión por riesgo para su vida.
La Administración aceptó que la expulsión de Ábrego García fue un "error administrativo" pero afirmó que no puede asistir en su retorno debido a que está bajo custodia de otro gobierno.
Asimismo, un tribunal determinó que la expulsión de un ciudadano venezolano, Daniel Lozano Camargo, también a El Salvador, vulneró una orden judicial destinada a proteger a migrantes que ingresaron a Estados Unidos como menores de edad.
Para deportarlo, el gobierno utilizó la ley de Enemigos Extranjeros, una norma en desuso desde la Segunda Guerra Mundial, que la Administración Trump busca aplicar para realizar expulsiones sumarias, alegando que organizaciones criminales como el Tren de Aragua, a la que supuestamente Lozano Camargo pertenecería, están invadiendo Estados Unidos.