El síndico y cuatro exregidores del Ayuntamiento de Valle de Bravo lograron que un juez federal reconociera que sus derechos constitucionales fueron vulnerados tras ser suspendidos de sus funciones y salarios desde el 24 de junio de 2024, sin una audiencia previa ni una justificación legal adecuada. Durante una conferencia en Toluca, los exfuncionarios Pastor Nava Montoro, María Magdalena Rodríguez Benítez, Édgar Ledezma Bernal, Adrián Carlos Benítez García y Alejandro Reyes Jaramillo informaron que el Poder Judicial de la Federación les concedió un amparo, específicamente en el expediente 1292/2024-VII, ahora reasignado al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo con sede en Toluca, con número 143/2025, y admitido el 20 de enero de 2025. Los exregidores denunciaron que la alcaldesa Michelle Núñez Ponce giró una orden unilateral a la Tesorería municipal para suspenderlos, sin que existiera un proceso administrativo o resolución formal. Acompañados por su abogado Javier Guadarrama Caballero, aclararon que no buscan su reinstalación, pues su periodo concluyó, sino que exigen el pago integral de los salarios retenidos de manera irregular durante los últimos meses. La suspensión fue ordenada mediante el oficio PMVB/056/JUNIO/2024, y a pesar de solicitar explicaciones por escrito tanto a la secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Juan Montes de Oca Gómez Tagle, como a la presidenta municipal en agosto de 2024, no obtuvieron ninguna respuesta, lo que también consideran una violación al derecho de petición. El juez José Fernando García Quiroz determinó que la alcaldesa violó los artículos 14, 16, 115 y 8 constitucionales al ordenar la suspensión sin la debida audiencia ni resolución fundada y motivada. La sentencia, emitida el 22 de mayo de 2025, resulta definitiva y establece que sólo el Congreso del Estado de México tiene facultad para sancionar a funcionarios electos, por lo que la orden de la alcaldesa carece de validez jurídica. Además, se constató que los escritos de los exregidores, enviados en tiempo y forma, fueron ignorados por la autoridad municipal. Los exregidores enfatizaron que su queja no tiene motivos políticos, sino que responde a motivos legales, y que no aceptarán arreglos fuera de lo que dictamine la resolución judicial. Reiteraron que fueron elegidos por voto popular y que ninguna autoridad municipal puede suspenderlos sin seguir los procesos establecidos por la ley. La demanda busca que la autoridad municipal respete el fallo judicial y liquide los salarios que les adeudan por los meses en que permanecieron sin funciones ni sueldo.
