Una juez en Estados Unidos ordenó este lunes a Argentina transferir el 51 por ciento de las acciones de YPF con el propósito de cubrir parcialmente una deuda de 16,100 millones de dólares a favor de dos empresas afectadas por la expropiación de la petrolera en 2012.
La jueza Loretta Preska estableció que Argentina debe transferir este paquete de acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia en el Banco de Nueva York Mellon en un plazo de 14 días, a fin de iniciar el proceso de transferencia a los beneficiarios de la sentencia, Petersen Energía y Eton Park Capital. La decisión surge en medio de la apelación del gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, quien anunció que recurrirá el fallo en todas las instancias correspondientes para defender los intereses del país.
La expropiación en 2012 de la mayoría de las acciones de YPF, en manos del grupo español Repsol, generó un litigio internacional. Aunque en 2014 Argentina indemnizó a Repsol con 5 mil millones de dólares, los pequeños accionistas, como Petersen y Eton Park, poseían en conjunto el 25.4 por ciento del capital y lograron una sentencia favorable en 2023 por su parte del conflicto.
El fallo judicial, presentado por la jueza Preska en septiembre de 2023, ordenó a Argentina pagar esa cantidad, con intereses del 5.42 por ciento anual, a Petersen, que recibe la mayor parte, y Eton Park. La decisión también incluyó un mandato para que Argentina garantizara el pago, lo cual no cumplió en 2024, lo que llevó a los beneficiarios a solicitar embargos sobre las acciones de YPF.
El caso se sustenta en que YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York, por lo que cualquier disputa legal relacionada con su propiedad y valor se ventila bajo legislación estadounidense. Pese a apelar en dos ocasiones y retrasos en el cumplimiento, la orden de entregar las acciones sigue vigente.
Este conflicto es una de las múltiples repercusiones de la expropiación que, desde 2012, mantiene tensiones legales internacionales y discute la protección de inversionistas minoritarios en casos de nacionalización.
Con estos pasos judiciales, Estados Unidos continúa ejerciendo autoridad sobre el caso y presiona a Argentina para cumplir con las obligaciones, pese a las declaraciones de Milei de acudir a todas las instancias para defender los intereses nacionales.
