La investigación sobre la causa de la Dana continúa siendo compleja y requiere un análisis exhaustivo de la gran cantidad de información recabada. La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha tenido que enfrentarse a diversas acusaciones, descalificaciones e intereses políticos por parte de algunas de las partes involucradas, y ha decidido poner límites a estas estrategias.
Este lunes, la magistrada emitió un auto en respuesta a un recurso de reforma presentado por la acusación particular, ejercida por Yolanda Garrido Ramos, representada por Pilar Esquinas. Garrido buscaba revertir la decisión que la apartó de la instrucción del caso.
La jueza aclaró que la actuación de cualquier acusación, ya sea particular o popular, debe centrarse en la finalidad de ejercer la acción penal, tal como se indicó en el auto que fue objeto del recurso. Sin embargo, señaló que la acusación solo ha realizado acciones mínimas: intentar personarse en una pieza sancionadora contra un abogado, Bueno Manzanares, y solicitar información sobre la participación del esposo de la jueza en la causa, lo que la instructora considera una estrategia para deslegitimar su trabajo.
Nuria Ruiz Tobarra afirmó que esa estrategia busca una 'deriva aberrante' del procedimiento por parte de la acusación particular y que hay una intención clara de ejercer presión contra ella, evidenciada en unas declaraciones públicas realizadas en Madrid el 29 de junio de 2025, en las que Garrido dijo que 'Nuria debería estar en la cárcel' y que 'el pueblo irá a por ella'. Además, el escrito de solicitud de pruebas coincide con las manifestaciones de Garrido, que se refieren no solo a la tragedia de la Dana, sino también a teorías conspirativas como la supuesta manipulación por 'geoingeniería marroquí' o encubrimientos relacionados con rituales satánicos y la 'agenda 2030'.
La jueza subrayó que estas declaraciones, ya públicas en videos de YouTube, contienen teorías sin sustento, las cuales no pueden ser investigadas en este juzgado. Añadió que Garrido no se ha opuesto a la narrativa oficial sobre la causa de las muertes relacionadas con la Dana y, en cambio, ha promovido ideas conspirativas.
Por estas razones, la jueza concluyó que la acusación particular no está legitimada para seguir en el proceso, ya que no cumple con la finalidad de ejercitar una acción penal válida. Además, destacó que su personación parece orientada a perjudicar el buen orden del proceso y a perseguir teorías conspirativas que deben ser rechazadas para evitar fraudes procesales y mantener la lógica y la integridad de la investigación.
