Una jueza federal prolongó el lunes la orden que mantiene en suspensión el veto del expresidente Donald Trump a la admisión de estudiantes extranjeros en la Universidad de Harvard, en medio de su campaña contra las universidades de élite en Estados Unidos.
El veto, que afectó significativamente a Harvard —la universidad más antigua y reconocida del país—, implicaba la suspensión de permisos para matricular estudiantes internacionales, quienes representaron el 27 por ciento del alumnado en el último ciclo académico.
La institución académica presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional y otros organismos gubernamentales, argumentando que estas medidas eran ilegales e inconstitucionales.
Durante una audiencia en Boston, la jueza Allison Burroughs decidió extender la orden de suspensión hasta el 23 de junio, fecha en la que deberá decidir si la mantiene o toma una decisión definitiva.
Harvard ha señalado que las acciones del gobierno forman parte de una campaña de represalias por su rechazo a que el gobierno interfiera en su gobernanza, planes de estudio y control ideológico sobre el profesorado y estudiantes.
A diferencia de otras universidades, Harvard ha optado por acudir a los tribunales para impedir estas medidas, que el gobierno federal sostiene buscan combatir el antisemitismo y promover políticas de diversidad, igualdad e inclusión.
Además del veto a estudiantes internacionales, que representan una fuente importante de ingresos, el gobierno ha congelado más de 3,200 millones de dólares en subvenciones y contratos con Harvard, excluyéndola de futuras financiaciones federales y reduciendo significativamente fondos para proyectos de investigación.